Ayer, el mismo día en que la Presidencia de la República anunció que presentaría una controversia constitucional contra su estado por no haber cumplido en tiempo y forma con la adaptación de la ley educativa estatal a la reforma constitucional, Gabino Cué estaba de lo más tranquilo.

“Sabemos que estamos en falta —me dijo— tenía conocimiento que esto iba a suceder. Estamos trabajando en construcción de ley estatal de educación pública. Hicimos más de 18 foros para lograr un acuerdo para sacar reforma estatal y tenemos claro que ley estatal no podrá contravenir la reforma constitucional. Pero habrá ley este verano y será compatible con la Constitución.”

Le digo que esto es difícil de creer si viene de un estado cuyos maestros rechazaron la Ley, paralizaron la Ciudad de México, no permitieron el Censo… Y con ellos se están haciendo estos foros.

“Hay una posición política muy clara de la coordinadora de un rechazo a la ley educativa —dice Gabino—, pero ellos también saben que las cosas han cambiado. Que ya es ley. Vamos a hacer un inventario, que tal vez no le llamaremos censo, pero lo haremos. Ellos saben que si no sucede, no cobrarán. La nómina la tiene el gobierno federal a partir del 1 de enero, los maestros saben que eso va a suceder, ahora el pagador va a ser el gobierno federal; si ellos no están en un documento que diga que existen, pues no cobrarán.”

Y de repente me doy cuenta de que la reforma educativa ha quitado un peso de encima al gobernador. Que la recentralización pone la presión en la SEP, en Hacienda, en la capital. Gabino hoy se limita a colaborar para aminorar tensiones.

“En Oaxaca se bordan las cosas distinto”, me dice el gobernador antes de despedirse. Y lo dice sonriendo.

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