La trata de personas es un delito que se ha ido intensificando y pareciera que hasta perfeccionando como una nueva forma de esclavitud, en diversas modalidades como los trabajos forzados, la obligación a la mendicidad, la explotación sexual, la utilización de personas menores de 18 años para actos delictivos, el matrimonio forzoso o servil y el tráfico de órganos”.

Es considerado como uno de los flagelos de mayor impacto, la trata de personas es la tercera actividad ilícita más rentable del mundo, sólo superada por el tráfico de enervantes y el de armas. Ocurre cuando una persona o varias captan, enganchan, transportan, transfieren, retienen, entregan, reciben o alojan a una o varias personas para explotarlas.

No se tienen cifras exactas sobre este flagelo mismo que, involucra de forma particular a los más vulnerables. No sólo afecta a jóvenes y niñas, sino también a varones, niños, ancianos e indígenas.

Es un crimen que anualmente afecta a millones de personas en el mundo, sobre todo a mujeres y niñas de los sectores más pobres de la sociedad”.

La comisión nacional de derechos humanos se ha quedado corta ya que los objetivos principales del Programa contra la Trata de Personas consiste en establecer acciones para prevenir el delito, fortalecer las capacidades institucionales y el trabajo interinstitucional, promover la adopción, conocimiento y aplicación de un marco jurídico eficaz, brindar asistencia a las víctimas de trata de personas, así como recibir e integrar quejas derivadas de presuntas violaciones a los derechos humanos, lo cual no está sucediendo. 

La CNDH debería de dar cumplimiento a los objetivos señalados, el Programa impulsa una estrategia basada en tres ejes de acción. El jurídico, a través del cual se  debe dar difusión a los instrumentos normativos nacionales e internacionales sobre trata de personas y derechos humanos, a fin de promover su cabal cumplimiento; además se debe impulsar la armonización del marco jurídico nacional con los tratados internacionales, la implementación de leyes especiales en cada entidad federativa y la adopción de un marco jurídico homogéneo a nivel nacional.

A través del eje institucional se debe fomentar la coordinación con los tres órdenes de gobierno para sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos, así como coadyuvar con las autoridades, promover y observar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes en materia de prevención, persecución y sanción del delito, para una eficiente protección y asistencia de las víctimas del mismo. 

La CNDH debería ser una instancia proactiva y especializada que aporte al combate y prevención de la trata de personas, así como a las acciones dirigidas a garantizar la atención integral a las víctimas de trata de personas, desde una perspectiva de derechos humanos. 

La CNDH debe Fortalecer y diversificar la implementación de estrategias para acercar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las víctimas, a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, así como a las comunidades en riesgo.