El Partido Acción Nacional propuso hace unas semanas crear el Instituto Nacional Electoral. Sustituir al IFE para hacer un solo organismo “y un solo sistema de justicia electoral que recaerá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como un primer elemento para garantizar mayor equidad en los procesos electorales federales y estatales, de acuerdo a los compromisos 89 y 90 signados en el Pacto por México”. De aprobarse, el nuevo INE sería “encargado y responsable único de las elecciones no solo federales sino de todas las entidades”.

Al presentar la iniciativa, Gustavo Madero quiso suavizar el golpe a los estados: “Explicó que con ello no se pretende vulnerar la soberanía de los estados ni violentar el pacto federal, puesto que la presente iniciativa busca dotar de un sistema que tutele en mayor medida el derecho político de todo ciudadano en un régimen democrático, que es el de votar y ser votado”.

Por más que lo suavice, sin embargo, es claro que quiere federalizar un asunto local. No está muy equivocado el presidente del PAN. En algunos estados los institutos electorales locales y hasta los tribunales locales están básicamente coptados por el gobernador en turno. Hay que decirlo, es muy disparejo. Hay muy buenos insitutos estatales los hay muy malos. Ante tal problema el PAN propone que cada una de las cuatro mil elecciones que el país hace por ciclo se diriman desde Tlalpan.

Tampoco tengo claro que sea la solución.

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El Senado de la República aprobó en el último periodo ordinario una reforma constitucional que cuando la aprueben diputados y las legislaturas les permitirá legislar para todo el país en materia de transparencia. Es decir: hacer una ley general. ¿Por qué? Por las mismas razones que el PAN quiere un INE que sustituya el IFE.

En los estados hay leyes e institutos de acceso a la información buenos, malos y pésimos. Algunos están al nivel de la ley federal y nuestro IFAI, en otros casos sería mejor que no existieran porque la simulación hace más daño.

¿Cuál es la solución?

Crear una Ley General que al menos les diga a los estados lo que deben de hacer y que si no lo hacen el IFAI pueda atraer los casos y sancionarlos.

Así lo explica, mejor y más suavecito, Jaqueline Peschard: “Era patente la necesidad de contar con el estímulo de un rasero común que evitara que las personas de este país gozaran de un derecho de acceso a la información asimétrico en función de su sitio de residencia. Vale la pena destacar que el consenso entonces fue la necesidad de incorporar en la Constitución un minimum minimorum que estableciera un piso para que las legislaturas estatal y federal edificaran la estructura del derecho de acceso a la información en el país”.

Hay estados donde aún hoy los salarios de ciertos funcionarios no son públicos, decenas de programas de los que no se puede conocer el presupuesto, no digamos entidades donde licitaciones y compras son absolutamente secretas.

La solución propuesta es ahora es darle facultades al órgano que sustituirá al IFAI para que pueda revisar decisiones estatales y al menos forzar los estándares de la ley federal de hoy que es la mejor.

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Como antes Tijuana, luego Ciudad Juárez, hace muy poco La Laguna o Acapulco y ahora mismo Tierra Caliente en Michoacán; la única posibilidad de que algunas regiones del país volvieran o vuelvan a ser viables es con la intervención del gobierno y autoridades federales. Después de miles y miles de millones de pesos entregados a los gobiernos locales con programas generales, programas especiales, transferencias específicas para justicia y seguridad; nada.

El aparato de seguridad y en muchos casos el de justicia en algunos estados y municipios es un desastre. La lenta descomposición de tejido social y la llegada de la delincuencia tuvo mucho que ver con la falta de autoridad y gobierno en los municipios, siempre quebrados, siempre débiles.

El Ejército, la Marina, la Policía Federal; en otras ocasiones la intervención de la Procuraduría General de la República “atrayendo” casos criminales… en muchos municipios del país manda el gobierno federal. No veo a los municipalistas quejándose de esa intervención.

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Todas las iniciativas que se discuten hoy en el Legislativo respecto al órgano anticorrupción que sustituirá a la Función Pública tienen como uno de su objetivos principales darles facultades para que puedan hacer algo contra funcionarios estatales y municipales cuando en los estados no se haga nada. La nueva ley de deuda aprobada por el Senado regresa a la Secretaría de Hacienda algún control sobre cuánto y cuándo se pueden endeudar los estados después de los muy públicos escándalos recientes.

Es decir, parte de arreglar al país es quitar de los estados y municpios las responsabilidades con las que no han cumplido.

El diagnóstico me parece acertado, aquello es un desastre. No tengo tan claro que la solución lo sea.