Las recientes noticias sobre homicidios de mujeres en Yucatán son alarmantes. En los últimos días tres mujeres fueron asesinadas en Peto, Valladolid y Kanasín, sumándose éstos a la lista de feminicidios que en 2014 se han perpetrado en nuestro Estado. 

Hasta hace pocos años Yucatán era de los estados con menor número de feminicidios en el país, a pesar de ser una de las entidades federativas con más alto índice de violencia de género, según datos del INEGI. 

La violencia en contra de las mujeres en Yucatán ha evolucionado negativamente pasando de la violencia física y emocional al homicidio, que es la forma más grave de violencia que puede existir contra una mujer. 

Esto refleja que las medidas que se han tomado para combatir este tipo de delitos han sido totalmente insuficientes, el problema evidentemente se ha agravado y requiere urgente atención por parte de las autoridades.

Combatir la violencia de género requiere tres líneas de acción simultáneas: la prevención, la atención a las víctimas y la sanción. Si alguna de estas áreas se descuida, la situación se agrava como está sucediendo en el Estado. 

Las medidas de sanción y atención a víctimas han tenido avances importantes en el ámbito legislativo a través de reformas recientemente aprobadas que tipifican los delitos,  elevan las sanciones y dictan medidas de protección a víctimas. 

Por parte del Ejecutivo las medidas adoptadas han sido insuficientes, urge implementar un programa emergente con presupuesto suficiente para garantizar que las medidas de sanción y protección sean realmente efectivas.

El nivel de gravedad al que ha llegado la violencia de género muestra descuido en  las medidas de prevención. 

No basta cambiar leyes, perseguir y sancionar la violencia si no se toman medidas preventivas para detenerla. Y esto implica un compromiso inaplazable que deben asumir las autoridades con un programa integral de prevención que forme parte  de los programas educativos en todos los niveles. 

De esto hablaré la próxima semana.