Los más de sesenta cuerpos que se han localizado en el poblado de La Barca, en los límites entre Jalisco y Michoacán, son un macabro y trágico recordatorio de lo mucho que falta por hacer en materia de seguridad y justicia en relación a nuestro pasado reciente y nuestro futuro lleno de incógnitas. 

Son notorias y preocupantes las desapariciones de la escena y el debate públicos del brazo de la justicia del Estado mexicano opacado por el de la bala y lo policiaco. 

Una Procuraduría, un procurador que arrancó hace 12 meses como la primera voz en concierto de la seguridad, prometiendo el no abuso de los arraigos, la aceleración de la implementación de la reforma del sistema de justicia, promoviendo la liberación de aquellos falsamente acusados, desconfiando de testigos pagados y anónimos, inaugurando una fiscalía especial para determinar el destino de los miles de desaparecidos, esa voz parece haberse apagado. Nunca llegó o, al menos, no se hizo pública la anunciada reforma integral de la Procuraduría General de la República a la que el procurador Murillo había diagnosticado, y creo que con razón, como devastada.

La figura del procurador general de la República en los primeros meses de este sexenio —su tono, sus prioridades— fue una presencia necesaria que contrastó con lo que había sucedido al final de sexenio calderonista: una Procuraduría sin rumbo, liderada por una mujer hoy bajo sospecha y una Secretaría de Seguridad Pública envalentonada y retadora, baste recordar el incidente del tiroteo en Tres Marías, donde los dos brazos del combate al narcotráfico actuaban uno contra el otro.

Pero en los últimos meses, en la medida que se ha difuminado, casi desaparecido, el rol del procurador en el debate público de la seguridad y la justicia, hemos vuelto al predominio de la narrativa policiaca. Mucho Ejército, mucha Marina, mucha policía. Son días y meses clave para la construcción del nuevo sistema de justicia que deberá imperar en el país a partir del 2016, en el Legislativo se discuten leyes que son parte fundamental en la arquitectura del nuevo sistema.

Pero sobre todo son días, inicio del segundo año de gobierno, en que ya deben tener claro que la única solución posible ante la crisis permanente de seguridad debe empezar con el abatimiento de la impunidad; y eso solo se logra a través de los ministerios públicos y los jueces. De las procuradurías, de la justicia, pues. Por eso no estaría nada mal que el procurador general de la República vuelva a ser protagonista del debate.