La Policía Federal realizó ejecuciones de manera arbitraria de por lo menos 22 personas en una hacienda el año pasado, y luego movió los cadáveres y plantó armas para sustentar la versión oficial de que los fallecimientos ocurrieron en un enfrentamiento armado.

Un agente perdió la vida en el choque registrado en el estado occidental de Michoacán el 22 de mayo de 2015. El gobierno ha dicho que los muertos eran presuntos miembros de un cártel del narcotráfico que se ocultaban en la hacienda en Tanhuato, cerca de la frontera con el estado de Jalisco.

Se han acreditado hechos que implican violaciones graves a derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal.

El saldo de muertos tan desequilibrado, de 42 a 1, generó sospechas de que los agentes pudieran haber matado arbitrariamente a personas durante el operativo contra presuntos miembros de un cártel.

En su informe, la comisión dijo que el gobierno no proporcionó evidencia que respaldara dicha versión, e indicó que los dichos de los testigos dan a entender que 41 policías federales se habían infiltrado a la hacienda desde incluso las 6 a.m. Los agentes iniciaron su ofensiva cuando menos una hora antes de lo que dijeron en sus reportes sobre el incidente.

De acuerdo con el informe de la CNDH, después de que el agente de la Policía Federal fue baleado, se pidieron refuerzos. Entonces llegaron 54 agentes más, junto con un helicóptero.

La aeronave disparó unos 4.000 cartuchos contra la casa de la hacienda y un almacén cercano, que se incendió. El helicóptero también fue alcanzado por balazos. Una persona murió a consecuencia de quemaduras que la comisión cree sufrió después de que fue baleada pero aún estaba con vida.

Dos testigos entrevistados por la comisión indicaron que agentes de la Policía Federal le dijeron a un hombre que traía muchos tatuajes que corriera afuera de la casa de la hacienda y luego los testigos escucharon balazos.

La Policía Federal tuvo aproximadamente cuatro horas para manipular el lugar de los hechos antes de que los investigadores de la Procuraduría General de la República llegaran al sitio.

Dieciocho de las víctimas fueron halladas descalzas y sólo una en calzoncillos, lo que llevó a la comisión a concluir que la mayoría estaban dormidas cuando la policía arribó. Cuarenta civiles fallecieron por herida de bala, uno en el incendio y otro fue atropellado, según los resultados de la pesquisa.

En un principio el gobierno se había negado a dar a conocer los informes de las autopsias efectuadas a las víctimas. La comisión criticó las necropsias realizadas por la Procuraduría de Michoacán, las cuales calificó de poco rigurosas e incompletas, y dijo que la morgue entregó a una familia un cadáver incorrecto.

La comisión dijo el jueves que dos sobrevivientes del derramamiento de sangre en Tanhuato habían sido forzados a mirar tres ejecuciones y luego fueron torturados. La policía federal amenazó su vida y la de sus familias.