Recomponer el tejido social”. Es una frase que figura ya, bien explícitamente y como un propósito concreto, en los programas de gobierno. Se han dado cuenta, nuestros hombres públicos, que no hemos sabido preservar, como sociedad, ciertos valores esenciales para la convivencia civilizada y descubren ahora —no tan horrorizados como el indefenso ciudadano de a pie pero con creciente preocupación— que los mexicanos nos encontramos rodeados de fieras peligrosas: individuos de la especie declaradamente antisociales, aparte de irrecuperables, que no sólo amenazan de manera directa a los habitantes de este país sino que comprometen el propio futuro de México.

Entre la inquietante variedad de peligros que afrontamos, el secuestro sería la más aterradora de las perspectivas para cualquiera de nosotros. Además, estamos advertidos: sabemos de historias ocurridas a gente más o menos cercana cuyos desenlaces y circunstancias, por si fuera poco, son absolutamente estremecedores: la muerte del secuestrado a pesar de que se pagó el rescate, el maltrato a la víctima, la repetición del secuestro, la indescriptible crueldad de los captores, etcétera. Y, ni siquiera tenemos cifras precisas sobre esta plaga espeluznante: según la organización Alto al Secuestro encabezada por doña Isabel Miranda de Wallace (por cierto, la entereza de esta mujer, como la que han exhibido otras personas que han vivido la atroz situación de perder a un ser querido asesinado vilmente por los canallas, es tan asombrosa como ejemplar) denuncia que en 2013 tuvieron lugar dos mil 754 raptos. Pero, hay otros números, consignados desde 2012 en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que realizó el Inegi (ni más ni menos que el ente del Estado mexicano que se encarga de medir, con una metodología puntual, todas las variables que componen la realidad nacional): en el año anterior a la realización de la tal encuesta se habrían perpetrado… ¡más de 105 mil secuestros! Son números que hay que tomar con reserva porque no estaríamos hablando únicamente de la retención prolongada de una persona sino de esos sucesos donde cualquier hijo de vecino puede ser capturado transitoriamente por delincuentes que lo conducen de manera forzosa a un cajero automático o que lo despojan de sus pertenencias. Y se trata también de una investigación donde se pregunta a la gente acerca de sus percepciones sobre la inseguridad que se vive en México y cuyas respuestas pueden estar un tanto distorsionadas por la experiencia de una cotidianidad hecha de temores e incertidumbres.

De una u otra manera, los resultados de la ENVIPE 2012 son simplemente escalofriantes. Estaríamos viviendo, de pronto, en un país —desconocido para muchos de nosotros— que se enfrenta a un reto colosal y que no cuenta, al mismo tiempo, con los recursos para resolver un problema de esta magnitud. Pero, agárrense ustedes, los datos de la encuesta llevada a cabo en 2013 (del 4 de marzo al 26 de abril, en más de 95 mil viviendas) son todavía más inauditos: si el recuento anterior había consignado que 27 mil 337 de cada 100 mil mexicanos fueron víctimas de algún delito, una cifra altísima, en el último sondeo son 35 mil 139. No se trata ya de casos de secuestro sino de actos criminales como el atraco, el robo a las viviendas, la extorsión y los asesinatos: en total, más de 27 millones de delitos cometidos en un año que afectaron al 32 por ciento de los hogares de México. Y, ¿cuántas de estas infracciones fueron denunciadas ante las autoridades? Pues, rebasaron apenas 12 de cada cien. Y de éstas, de las que sí fueron presentadas, una tercera parte no mereció el inicio de una averiguación previa.

O sea, que no denunciamos. No acudimos al Ministerio Público a dar cuenta de un asalto ni mucho menos avisamos a las autoridades cuando algún familiar nuestro ha sido secuestrado. En el mejor de los casos es por mero desaliento —sabemos de la escandalosa inoperancia del aparato de la justicia— y en las otras circunstancias, en el azaroso acontecimiento de un rapto, es por que no tenemos confianza alguna en una policía que trabaja en infame complicidad con los delincuentes.

Este “tejido social”, ¿cómo se recompone? Por lo pronto, Renato Sales Heredia, el jefe de la Coordinación Nacional Antisecuestro, tiene una tarea colosal delante de sí. Una empresa de “recomposición” que, vistas las cosas, debe de abordar todos los responsables políticos de este país porque estamos, con perdón, en una situación de auténtica emergencia nacional.

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