Advierto que la historia tiene matices, enredos y más preguntas que certezas. 

Resumo lo que el miércoles publicó Leticia Fernández en MILENIO: 

“Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del DF se convirtieron en empresarios. Los recursos económicos del fondo de retiro que crearon para tener una jubilación más holgada los invirtieron en bienes raíces. Decidieron comprar un predio en la colonia Doctores para convertirlo en el estacionamiento que en próximas fechas dará servicio a empleados, litigantes y personas en general que acudan a las instalaciones del Poder Judicial capitalino.

El terreno se localiza justo frente a la sede central del TSJDF, sobre la calle de Niños Héroes, entre Doctor Navarro y Doctor Liceaga, en la delegación Cuauhtémoc. Hasta antes de la compra, el edificio de tres niveles funcionaba como estacionamiento administrado por particulares, además de una planta baja que ocupaba la sucursal Scotiabank. 

“Para ello también pidió un crédito hipotecario de 36 millones de pesos que servirán para remodelar el lugar, ampliar los lugares de estacionamiento, habilitarlo con tecnología y vigilancia. Desde la semana pasada, el edificio que adquirieron los magistrados se encuentra cerrado al público y el Poder Judicial local dispuso de vigilancia las 24 horas de la Policía Auxiliar del DF”.

Primero. Entiendo que ese dinero es de los magistrados, descontado de su sueldo y pueden hacer con él lo que quieran. Pero, y estas son preguntas, ¿no están aprovechándose de sus propias decisiones en el ámbito de la política pública para hacer más dinero?

¿Por qué el anterior dueño vendió un predio que, gracias a esa decisión del TSJDF, aumentará de valor significativamente? Si, como sería lógico, ese estacionamiento firmara convenios con el TSJDF para ahí alojar coches de los empleados, ¿no hay un conflicto de interés? ¿Se puede obtener beneficio privado —mejor rendimiento para el fondo de pensiones— aprovechando una política pública diseñada por aquellos que se beneficiarán?

Y una última: ¿qué necesidad? ¿No había otras oportunidades de inversión lejos del proyecto estrella del TSJDF? ¿No deben los jueces mostrar una conducta no solo legal, sino blindada de toda duda? ¿No se debe medir con otra vara a los servidores públicos, no digamos a los magistrados? 

En fin, algo suena mal, algo no parece estar donde debe estar. El dinero de los jueces.