Escribió ayer Liébano Sáenz en esta página que “la aprobación de la reforma secundaria en materia energética pone fin al ciclo de los cambios estructurales”. Esta idea la he comenzado a leer en otras partes y sobre todo la escucho de boca de funcionarios del gobierno federal cercanos a Los Pinos. 

Permea el pensamiento de que se ha hecho historia, de que la generación del no se convirtió en la del sí, algo parecido a: “ya acabamos de reformar”, toca disfrutar. Y no dudo que para eso se estén preparando en el gobierno. Me temo que a partir del segundo semestre comenzará una especie de festejo permanente que se refleje en las elecciones del próximo año. 

Sería necio quitar importancia a los hechos, me llama la atención, sin embargo, que ninguna de las reformas aprobadas en este año y medio toquen dos de los asuntos centrales de la vida contemporánea mexicana: la corrupción y la seguridad. Dos cosas, además, con impacto directo en la productividad y la economía que, según todas las mediciones, son un techo para el crecimiento del país. 

Dieciocho meses después de arrancado el sexenio, la secretaría encargada de vigilar las cuentas públicas federales tiene a un “encargado de despacho” como responsable, gracias a que a nadie en el Congreso parece interesarle la legislación que, se supone, transformará la manera en que se vigila y sanciona la corrupción. En los estados y el Distrito Federal las transas y corruptelas siguen como siempre, funcionarios que se enriquecen, mordidas que no se dejan de pagar. 

Más allá de la creación de ese nuevo engendro que ahora llamaremos Gendarmería, el gobierno federal ha decidido luchar contra la inseguridad con las mismas herramientas que el anterior. La fórmula es el voluntarismo: por favor, coordínate con nosotros y con tus pares; por favor, firma este acuerdo en donde tu policía se someterá a nuestro mando; por favor, gástate bien los miles de millones del FASP y el Subsemun; por favor…hasta que llegue el que no quiera. Por ejemplo: la correcta implementación del nuevo sistema de justicia requiere policías e investigadores que hoy no tenemos. Y la manera en que se comparten constitucionalmente responsabilidades sobre seguridad pública es, por lo menos, confusa. 

Pero nada de eso ha estado en la agenda de los legisladores. 

De lo que parecen no darse cuenta es que sin esas reformas, las otras seguirán siendo poco efectivas y apenas se notarán en la vida de los mexicanos.