El tema de las invasiones otra vez está en boga. Es un problema conocido en Cancún y que hoy cobra notoriedad en Playa del Carmen. Es un asunto alarmante no sólo en estas ciudades, sino en diversas regiones del país, lo cual implica un riesgo para la estabilidad y la paz social.

Está en boga, pues la mayoría de los hechos violentos es noticia en el Estado y, sobre todo, porque se le tratará de sacar provecho político en esta temporada electoral. Basta saber que a la lideresa identificada como “Francisca” la ligan al PRD de Playa del Carmen, para imaginarse lo que sucederá.

En Cancún el problema de las invasiones comenzó poco después de fundada la ciudad, y precisamente fueron motivadas con fines electorales a cargo del Frente Único de Colonos. En una ciudad donde sobraban los terrenos, donde la migración era incesante; el crecimiento desordenado, una constante, y las invasiones, comunes.

En todos los casos, las familias que invaden y logran establecer un asentamiento irregular se enfrentan a la incertidumbre jurídica y patrimonial, y a la carencia de los servicios urbanos básicos, como agua potable, energía eléctrica, salud, pavimentación o transporte. Por esa falta de certeza sobre la propiedad y las innumerables deficiencias, los habitantes perciben limitadas sus perspectivas de progreso, representando muchas veces un problema para el resto de la sociedad por cuestiones como el delito, la exclusión y la pobreza.

Aun cuando representan un problema, la debilidad institucional ha quedado exhibida en casi todas las experiencias, lo cual ha fomentado la ocupación de terrenos sobre todo ejidales y en la periferia, ésta también llamada cinturón de miseria.

Entonces, ¿qué debe hacer la autoridad? Debe aplicar la ley. Tanto el Código Penal Federal como el Código Penal de Quintana Roo establecen prisión y multa económica para los invasores. Porque hay algo claro: que la Constitución garantice que los ciudadanos tienen derecho a una vivienda, no justifica cometer despojo y otros delitos. Cuando el gobierno se enfrenta a delincuentes bien pertrechados y cuando la seguridad pública está en riesgo, la obligación es el uso de la fuerza.

En paralelo, hay que fijar atención prioritaria al ordenamiento territorial aceptando propuestas válidas para ofrecer soluciones habitacionales a los de baja renta y a los migrantes que continuamente llegan desde otros Estados y países. Así podría atacarse de lleno el rápido nivel de crecimiento no estructurado ni planeado. Es, por supuesto, mucho más que el Programa de Desarrollo Urbano.

Por otro lado, deben fomentarse el diálogo y la negociación. Un objetivo central de la autoridad debe ser prevenir brotes de violencia y evitar que las acciones rebeldes se repliquen. En Cancún poco se hizo al respecto, pero en Playa del Carmen, donde ya cuentan al menos cuatro invasiones, hay tiempo para poner freno a esta irregularidad.

Un aspecto no menor es no sacar provecho electoral a un asunto que perjudica a todos. Las invasiones deben ser atajadas y no consentidas, menos cuando hay un fin de corto plazo por una coyuntura que puede favorecer a un partido o una coalición. Luchar contra las invasiones sacando con ello raja política es igual o peor que permitirlas.

En una compleja realidad como esta, la ciudad crece dejando grandes ganancias para pocos y pésimas condiciones para muchos. 

Un requisito primordial para una planificación urbana eficaz es tener datos reales y actualizados. Los gobiernos no deben concentrar la inversión en la “ciudad formal” ni ejecutar programas de poco alcance. Esto tiene riesgos incalculables, como se ha visto en Cancún y como pudiese ocurrir en Playa del Carmen.