La guerra del fuego fue central en el debate público del informe Ayotzinapa, el documento había hecho numerosas revelaciones, tanto sobre la investigación de los crímenes en Iguala, como sobre graves debilidades que hacen ver que el sistema mexicano de investigaciones criminales es inoperante.

Insistieron durante once meses en que los ataques contra los estudiantes fueron un asunto estrictamente de escala municipal, que no involucró más que a policías, delincuentes y políticos locales, en tanto que las corporaciones estatales y federales, y el Ejército fueron engañados y no supieron lo que ocurría.

El informe confirma que ocurrió lo contrario: la información fluyó hacia todos los organismos de seguridad en tiempo real y los mandos de las fuerzas armadas y policiales que tuvieron agentes presentes en todos los escenarios permitieron que criminales conocidos montaran una operación masiva y coordinada de persecución, asesinato, detención ilegal, tortura y ejecución durante más de tres horas, dejando como resultado a seis muertos, cuarenta heridos y 43 víctimas de desaparición forzada.

El tema de la supuesta gran incineradora improvisada en el basurero de Cocula, ganó prominencia sobre los demás asuntos porque se trata del pilar sobre el que descansa la versión del gobierno de lo que ocurrió entonces, Jesús Murillo Karam presentó aun estando lejos de concluir las diligencias básicas como una “verdad histórica”, y que ahora los padres de los 43 estudiantes desaparecidos califican como “mentira histórica”.

El discurso de la ambigüedad les permite decir que no después de decir que sí, y mantener las imprecisiones.

Eso es poco eficaz, ante la impresión generalizada en la opinión pública, nacional e internacional, de que los trabajos de la PGR son un navío que naufragó antes de salir de puerto y que la gran pira del basurero fue un montaje.

Buena parte de la discusión sobre lo que pudo haber pasado en el basurero se basa en interpretaciones de personas que no fueron al lugar, y que, por lo mismo, carecen del respaldo de observaciones directas.

El informe señala que la versión oficial está sostenida principalmente en los testimonios brindados por los presuntos ejecutores de los crímenes, de quienes se sospecha que pudieron haber sido torturados. 

La PGR fue incapaz de encontrar aquí un solo rastro de los jóvenes. Ni uno, nada. El único elemento en las actas es un fragmento de hueso que los exámenes de ADN indican que perteneció al estudiante Alexander Mora, pero no provino del basurero y está en duda que efectivamente fuera hallado donde se dijo el río San Juan, a seis kilómetros de distancia. De lo demás, se asegura que todo fue incinerado. Pero la sangre regada durante la matanza no habría quedado expuesta al fuego, lo mismo que los restos de cabello, sudor, grasa y otros fluidos, o de ropa, que habrían quedado tras el accidentado arrastre de los cuerpos por metros y metros. Todo esto habría provisto elementos de identificación mediante pruebas de ADN, pero nada fue reportado.