Las policías municipales, dolor de cabeza
El mando único policial es una decisión legislativa impostergable.
La Comisión de Seguridad Pública del Senado ratificó a Alejandro Rubido García como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), quien en el gobierno anterior se había desempeñado como director del Cisen y subsecretario de Seguridad Pública. Una trayectoria que viene desde los gobiernos del PRI que suma experiencia y seriedad profesional, en una actividad donde los prestigios son escasos. La decisión es una buena señal.
En su comparecencia con los senadores no escatimó verdad: no se podrá concluir la certificación de policías en octubre de este año, como se tiene previsto en el artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reformado por la actual administración.
Para agilizar el proceso de validación se pronunció para que empresas privadas participen en los exámenes de control de confianza, señaló que la atención debe centrarse en los mandos y que todos los policías federales estarían certificados antes de que concluya el año.
El problema está en las policías municipales y esto tiene que ver con la falta de continuidad en las decisiones y programas por alcaldes que en su mayoría su gestión es de tres años, así como las dificultades en las finanzas de los ayuntamientos.
El tema para un sistema de seguridad confiable es justamente lo señalado por Rubido García: disminuir la brecha de desigualdades entre las policías. No hace sentido una policía federal con remuneraciones superiores a 15 mil pesos mensuales y las municipales que con frecuencia no alcanzan los 5 mil. De poco sirve la voluntad política y la coordinación si los policías municipales están precariamente adiestrados, peor equipados y mal remunerados.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública es la estructura fundamental para atender el problema de la inseguridad. El mando único policial es una decisión legislativa impostergable. El diagnóstico y las explicaciones salen sobrando. Es fundamental que las autoridades actúen, que el Congreso legisle y que la Cámara de Diputados apruebe un presupuesto suficiente para lograr una policía moderna y confiable.