Quintana Roo es una de las tres entidades que mayor cantidad de dinero “lava”, junto con Baja California y el Distrito Federal, decía el titular en conocido periódico nacional; y es tan “escandalosa” la cifra, que supera los 540 mil dólares; cuando el crimen organizado “mueve” en el país un promedio de cien mil millones de dólares cada año.

Inmensos son los problemas de seguridad que enfrenta el estado, y algunas instancias como los sindicatos de taxistas han sido ampliamente identificados como órganos en los que la delincuencia organizada está presente; sin embargo, los datos publicados recientemente y que se atribuyen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultan irrisorios si se compara con la cantidad anual que la misma dependencia estima desde 2012 que adquiere el crimen organizado anualmente por sus actividades.

Las cifras difundidas señalan que en 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP detectó operaciones irregulares por 748 mil 300 dólares en Baja California, por 600 mil 617 dólares en el Distrito Federal y por 542 mil 668 dólares en Quintana Roo.

En contraparte, desde marzo del presente año la SHCP difundió que México cumple con los estándares internacionales en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y que tales datos se presentaron en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) y que junto con las reformas al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales, lo cual fue motivo incluso para que ya no se ejerza un seguimiento continuo sobre nuestro país.

Aun más, tan buenos fueron los resultados que será hasta el 2018 que se haga una nueva evaluación a México. Luego entonces, ¿estamos bien o no? Si las cifras no son nada indicativas, ¿para qué la magnificidad del anuncio? Sobre todo considerando que desde  marzo del 2012, la Cámara de Diputados aprobó que se aplique en todo el país la denominada Ley Federal de Extinción de Dominio, con lo cual se logra la pérdida del derecho de propiedad sobre aquellos bienes que directa o indirectamente sean instrumento, objeto o producto del delito.

Lo anterior no es caso menor, porque desde 1974 y hasta ahora que está a unos meses de cumplir 40 años de erección como entidad federativa, Quintana Roo ha tenido señalamientos múltiples de lograr parte de su desarrollo gracias al “blanqueo” de capitales, pero desde 2008 que hubo el primer antecedente de la Ley de Extinción de Dominio y hasta la fecha no ha habido información que muestre la enormidad del problema que se difunde. De ninguna manera se puede pretender negar la existencia de irregularidades, pero el que acusa está obligado a probar.

Recapitulando, si Hacienda federal estima en cien mil millones de dólares los ingresos anuales por crimen organizado, y además difunde que Quintana Roo, el Distrito Federal y Baja California son las entidades que mayor “lavado” realizan, pero sólo muestra que la cifra en conjunto no supera los dos millones de dólares; o es demasiado alta la estimación de ingresos por este delito, o demasiado baja la capacidad de identificar sus ramificaciones y los impactos reales en la economía. ¿Y la reforma fiscal? La respuesta está en el aire.

 Así, como la criminalidad en entidades como Michoacán y Tamaulipas son innegables, de la misma manera debieran ser las probatorias evidentes de lavado y blanqueo de divisas; pero sobre todo las acciones que se realicen por parte de la autoridad, pues en caso contrario los señalamientos se unen al enorme anecdotario de los casos sin resolver, pero que inciden en la imagen del centro turístico más importante de México y América Latina; así  se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

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