17 de Diciembre de 2017

Opinión

¿Le creemos a Pérez Motta o a Bours Castelo?

Menudo lío. ¿A quién le creemos, a Francisco Bours Castelo o a Eduardo Pérez Motta? ¿Al dueño de Bachoco o al presidente de la Comisión Federal de Competencia? ¿A la empresa que dice refrendar siempre “su compromiso con los principios de libre comercio y su completo apego a las regulaciones que le competen”, o a la autoridad que argumenta que “los mayoristas de pollo procesado acordaban los precios de venta que cada uno de ellos cobraría a los comercios detallistas, se repartían a estos comercios detallistas como clientes y monitoreaban el cumplimiento de los acuerdos”?

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Menudo lío. ¿A quién le creemos, a Francisco Bours Castelo o a Eduardo Pérez Motta? ¿Al dueño de Bachoco o al presidente de la Comisión Federal de Competencia? ¿A la empresa que dice refrendar siempre “su compromiso con los principios de libre comercio y su completo apego a las regulaciones que le competen”, o a la autoridad que argumenta que “los mayoristas de pollo procesado acordaban los precios de venta que cada uno de ellos cobraría a los comercios detallistas, se repartían a estos comercios detallistas como clientes y monitoreaban el cumplimiento de los acuerdos”?

La multa de 1.45 millones de pesos que esta semana impuso la Cofeco a la empresa Bachoco se inscribe en una ruta de una mayor vigilancia de la autoridad a prácticas detestables —como la colusión en precios y mercados—, que pocas veces toca a grandes corporaciones como Bachoco. No es común atestiguar este tipo de sanciones por el simple y sencillo hecho de que probarlas resulta muy difícil.

Si Bachoco tiene razón, y efectivamente nunca se coludió con otros productores para fijar precios en Chetumal, ¿por qué habría de inventarlo la autoridad? La verdad es que ni la Cofeco ni Eduardo Pérez Motta tienen reputación de sembrar pruebas para inculpar empresas, y no se conoce de riesgo de corrupción en esa instancia antimonopolios.

Pero, si por el contrario, la Cofeco tiene razón y efectivamente Bachoco se puso a manipular el mercado, estaríamos ante un delito de cuello blanco que muy probablemente sea común en México y que solo hacía falta que surgiera a la superficie para conocer una muestra del tipo de prácticas que llevan a cabo empresas mexicanas cuando alcanzan cierto poder de mercado.

En mi opinión, este caso tiene más solidez de parte de la Cofeco, que aseveró que hubo “asambleas” bajo las cuales se “amparaban” las prácticas de fijación de precios. ¿Por qué habría de inventar alegremente la autoridad algo así?

La Cofeco documentó sus dichos, y actuó en consecuencia, en defensa de la libre competencia y del bolsillo del consumidor. Bachoco tendrá que ir más allá y probar lo propio, pero como no se distingue por ser la empresa más comunicativa ante la sociedad, creo que le será cuesta arriba.

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