Después de tantas promesas, de tanto dinero invertido en decenas de estudios, de años perdidos, nos dicen que sólo hay dos certezas en el transporte urbano de Mérida: que al menos el 30% del ingreso familiar se destina a pasajes y que las empresas del ramo están a punto del colapso financiero.

Unas horas después del nuevo “gasolinazo” y a seis años de mantener la misma tarifa, el domingo pasado se firmó un acuerdo para un nuevo estudio -llamado ahora de movilidad-, y nos dicen que el aumento a las tarifas “por el momento es un tema secundario”. Nos dicen.

Ese estudio, nos dicen, permitirá saber cómo se mueven los usuarios, a fin de diseñar nuevas rutas que rompan con el obligatorio viaje al centro y, así, evitar el doble o triple abordo. ¿Acaso se diseñará una ruta por la necesidad de cada usuario? ¿Para cada alumno que invierte todos los días de 45 a 75 minutos para llegar de su casa a la escuela que se le asignó porque en el colegio cercano a su rumbo no encontró cupo?

Pese a los comités de planeación urbana, a incontables de foros de consulta, a tantos planes municipales de desarrollo, nos dicen que el problema obedece al crecimiento desordenado de la ciudad: el transporte público sólo persiguió esa expansión deforme.

Y nos dicen que con la nueva distribución de rutas, la panacea al mal trato que nos brindan los choferes será la añeja, prometida tarjeta de prepago, para que ellos no manejen dinero, se concentren en el volante, se evite la fuga hormiga de ingresos y respeten a estudiantes y abuelitos.

Los cirqueros nos dicen que chango viejo no aprende trucos nuevos, ¿lo hará nuestro viejo servicio de transporte urbano?