Tengamos fe en que el derecho constituye la fuerza.

“Sí, lo sé. Fue un error enviarla a los diputados”, admitió el mandatario poblano Rafael Moreno Valle.

La idea de mandar la “Ley Bala” al Congreso local fue del secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, asegura el mandatario tratando de deslindarse de esta iniciativa.

El violento fallecimiento del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, durante una manifestación en el estado de Puebla no sólo no puede quedar impune, tampoco debe ser visto como un hecho aislado o un acontecimiento fortuito. Muy por el contrario: Esta tragedia sólo puede tener significado si provoca un cambio esencial y ya indispensable en el actuar de las diversas corporaciones que mantienen el orden público. Es necesario sentar las bases para que las manifestaciones políticas sean contenidas con métodos policiales respetuosos de los derechos humanos.

Los dos meses de existencia de la “Ley Bala”, aprobada por el Congreso poblano local el 19 de mayo de 2014, estuvieron marcados siempre por la polémica.

Impulsada por el gobernador Rafael Moreno Valle en lo que sólo se puede ver como un intento de controlar protestas cívicas, acorde a su estilo de mantener artificialmente una imagen de paz social que le permitiera acceder a futuros puestos políticos, fue denunciada por numerosos defensores de los derechos humanos como el movimiento “Los de Abajo”,  debido a que abría la puerta para el uso de armas de fuego contra manifestaciones políticas.

Lo realmente vital para el Estado y la sociedad es hacer justicia y evitar que una vez más, como muchas otras, el derecho a manifestarse derive en excesos violentos.

Para ello, la clave está en elaborar una nueva ley, humana y de avanzada, centrada en lo más importante: Capacitar a los policías en tareas antimotines, pues por más que se les dote de equipamiento o de herramientas jurídicas, si carecen del entrenamiento y la educación para hacer frente a estas manifestaciones con profesionalismo, tarde o temprano se volverá a padecer una tragedia.

¿Quién debe Garantizar el Ejercicio de los Derechos Humanos en una protesta cívica? El Estado es el responsable de respetar, garantizar y promover el ejercicio de los derechos humanos. Respetarlos significa no interferir con áreas específicas de la vida individual; garantizarlos implica adoptar las medidas necesarias para lograr su satisfacción en la población, y asegurar la prestación de determinados servicios.

Para que efectivamente la vida de una persona pueda concebirse digna, es necesario que los derechos tanto civiles como culturales, económicos, políticos o sociales sean reconocidos por el aparato estatal, sin embargo, no es suficiente su simple reconocimiento, sino que es preciso la garantía del Estado de todos aquellos mecanismos que conlleven al pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, como lo son las protestas o manifestaciones cívicas.