El último día del mes de abril la XIV Legislatura aprobó la nueva Ley de Ordenamiento Social, en la cual no se genera ninguna obligación a las personas que deseen manifestarse, es decir, es opcional informar del movimiento a realizar.  

El nuevo reglamento incluye las observaciones que presento el titular del Ejecutivo, la opinión de las fracciones parlamentarias, la sociedad civil y las organismo no gubernamentales.

En los aspectos importantes de la Ley de Ordenamiento Social aprobada el pasado 30 de abril hay que mencionar que se incluye puntos en cuanto al establecimiento de protocolos de protección y manuales para que la autoridad actúe de forma especializada en caso de marchas o plantones.

Esto quiere decir que las autoridades policiacas deben capacitar a sus elementos para poder brindar seguridad y atender a los manifestantes, además que se faculta al  Ombudsman del estado para que vigile el respeto de los derechos humanos de los manifestantes.

Lo anterior implica que se deberán implementar todos los protocolos de protección cuando se celebre una marcha o manifestación y tiene que ver con el brindar medidas de prevención y protección incluyendo la movilización de asistencia médica de emergencia en condiciones de seguridad.

Marca también implementar manuales para la acción de la fuerza pública con principios pro persona, evitar su criminalización que bajo ningún supuesto puede estar permitida y tolerada.

Si bien se habla de buscar un equilibrio entre los derechos de manifestantes y terceros, obliga a las autoridades a respetar la Constitución y los tratados internacionales, también es directa al prohibir el bloqueo total de las vías públicas, en donde se obstaculice el paso de personas a sus centros de trabajo y servicios de emergencia.

Esto quiere decir que los manifestantes no podrán bloquear las calles y avenidas, lo cual represente un perjuicio a la ciudadanía en general y que los derechos de ninguno sean suprimidos o negados.

Por otro lado, pero siguiendo el tema legislativo, la diputada Marybel Villegas Canché ya informó que próximamente se comenzará con el análisis de las cuentas públicas de los 10 municipios correspondientes al año 2012.

La legisladora dijo que hay una fecha límite para resolverlas y se entregaría de manera conjunta en la Comisión de Hacienda y Municipios. Recordó que hay declaraciones en los municipios, esto por parte de las Contralorías, respecto a las irregularidades encontradas durante la entrega recepción de los gobiernos.

Habló principalmente de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, pero será hasta tener los dictámenes cuando se dará a conocer lo encontrado. La intención de la actual legislatura, refirió la diputada, es transparentarlas y otorgar información a los ciudadanos para que sepan que ocurrió en los pasados gobiernos y si hubo alguna irresponsabilidad, independientemente de que gobierno haya sido, deberán asumir las responsabilidades de sus actos.

Si bien la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales prefirió no adelantarse y esperar los dictámenes de la Auditoria Superior del Estado sobre las posibles irregularidades, adelantó que la obligación de los diputados será aprobar las cuentas, pero también pedir a dicho órgano inicie con las demandas vía administrativa y penal.

Dejó en claro que no será borrón y cuenta nueva con ningún ayuntamiento o funcionario, porque aquellos que hayan hecho mal uso de los recursos tienen que pagar por ello.

Hay que recordar que en el caso de Lázaro Cárdenas, el actual presidente municipal Luciano Cima ha dicho que encontraron irregularidades en la aplicación de 38 millones de pesos, de lo cual ya dieron parte a la Auditoria Superior del estado.

Otro municipio donde se habla de irregularidades es Othón P. Blanco, inclusive los regidores del PAN, por su cuenta pide la inhabilitación del ex presidente municipal Carlos Mario Villanueva, lo cual aún está por verse.