Es muy importante la exigencia del dirigente del PAN, Gustavo Madero, de sancionar a los funcionarios que violaron la ley en Veracruz por el uso electoral de programas sociales. Es importante para el país que el Pacto por México no se limite a las reformas, que también sirva para el tránsito a la legalidad. Las indagatorias en Veracruz no deben limitarse a los hechos aludidos por el PAN, necesariamente deben incorporarse también los que involucran al actual candidato a la diputación local por el PAN Miguel Ángel Yunes Linares y a sus dos hijos, Fernando y Miguel Ángel Yunes Márquez. La ley es para todos.

Es correcto que partidos y autoridades lleguen a compromisos concretos que permitan blindar los programas sociales de su uso electoral y evitar el uso partidario del poder público. Adquieren relieve las previsiones convenidas para que esto no ocurra en las elecciones próximas, incluso que la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda se mantenga atenta sobre movimientos irregulares o sospechosos; sin embargo, lo más trascendente serán los cambios que se hagan en las leyes federales y locales para tener mejores y más confiables elecciones.

La legalidad debería llevar a enfrentar a la justicia a muchos funcionarios del gobierno anterior, algunos de ellos con fuero. El tema del tráfico de influencia relacionado con los casinos es un asunto que no debe quedar en el olvido, tampoco ignorar a quienes utilizaron la justicia penal de manera irregular, lo que llevo a prisión a muchos inocentes o liberó a culpables. No son pocos los casos de enriquecimiento inexplicable, además, Pemex y CFE no dejaron de ser entidades invadidas por el tráfico de influencia y corrupción.

Ley para todos debe ser la consigna de los nuevos tiempos. Si el Pacto provoca un punto de quiebre con el México corrupto será la transformación más trascendental que pueda ocurrir, mucho más que todas las reformas que se puedan aprobar. Deberá quedar en claro que la única fórmula jurídica de exclusión a la ley es la amnistía, un procedimiento público, limitado y a aprobarse por el Poder Legislativo.