En los académicos y en los panistas es casi total el consenso sobre la conveniencia de la reelección consecutiva. Restablecerla tiene implicaciones serias para el sistema de partidos y el de representación. A pesar del entusiasmo y optimismo de no pocos, la reelección contiene muchos riesgos, además de ser una reforma inalterable ya que sus beneficiarios, los legisladores, son los mismos que habrían de revertirla si no es tan favorable como se esperaba. 

Esta simple consideración es suficiente para que hubiera consulta popular. El PAN se impuso y las generaciones futuras habrán de coexistir con la reelección.

Quien se reelige tiene enormes ventajas respecto a quien le compite. Esto se acentúa en el caso de las alcaldías. Las previsiones que se hagan como fortalecer a las dirigencias de los partidos para avalar la reelección y evitar el filibusterismo (brincar de un partido a otro para reelegirse) no serán suficientes. El mayor peligro desde hace tiempo sobre la democracia es la interferencia de los factores de poder y, todavía más grave, la presencia del crimen organizado en la política. Los primeros actúan en la cúpula y ante el Poder Legislativo, los segundos
en las autoridades locales, particularmente, las municipales.

Hay que arriesgar con las reformas y esto obliga a calcular con prudencia inteligente los cambios. El país no es de los políticos; se debe escuchar y razonar más allá del ámbito de la formalidad de la política o de la consulta con los voceros de siempre. Hay que dar vista a lo que sucede en todo el país. Son muy diversas las dinámicas locales. Muchas positivas, pero otras preocupantemente negativas, como Michoacán o Guerrero. La solución no está en el centralismo; como ejemplo, en materia de seguridad no se ganará la batalla solo con una policía central o nacional, sino con esquemas de seguridad con origen en el mismo territorio. Sí se ha avanzado y hay experiencias exitosas.

Uno de los errores de la soberbia propia del centralismo es hacer de la excepción regla. Se asume y generaliza a partir de casos aislados de fracaso institucional, bien sea por corrupción o por debilidad institucional, como sucede en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. El centro no es virtud; hay muchos casos exitosos de mandatarios locales y alcaldes, como lo revelan los estudios recurrentes del Gabinete de Comunicación Estratégica.

Es lamentable que el PAN, que de origen luchó por el municipalismo y en cierta medida por el federalismo, haya involucionado en el partido del centralismo. Ocurrió como inercia propia del gobierno cuanto estuvo en el poder, pero también ahora como fuerza opositora. Bajo su influencia y presión se están dando cambios que comprometen en sus fundamentos al pacto federal, la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios. En su cúpula parece recrearse la tesis de que quien los sacó del poder no fueron los ciudadanos, sino los gobernadores y alcaldes corruptos del PRI.

El Instituto Nacional Electoral es un paso en falso porque no es cierto que la supuesta o auténtica parcialidad o connivencia de los órganos electorales locales con el PRI impida la competencia justa o la misma alternancia. Para eso se creó una justicia electoral de alzada, competente para conocer de todo asunto comicial. Si el asunto era optimizar el gasto, desde ahora se sabe que no será así. En su concepción el INE es un absurdo, ¿cómo es posible que los estados financien instituciones cuyos jefes son designados por el centro? ¿cómo es posible que los programas y proyectos sean resueltos por el centro y pagados por los estados y el DF? 

Si no hay partida en el presupuesto federal para lo que implica el trabajo del INE, se compromete todo el proyecto. Si ya se está en lo de cambios de fondo, ¿por qué no se le dio facultades al INE para obligar a los partidos a la selección democrática de candidatos?

La decisión del INE está tomada. Pero eso no impide que se hagan desde ahora las previsiones presupuestales e institucionales para que el cambio no naufrague. Si los estados y el DF han sido despojados de una responsabilidad esencial propia del pacto federal, al menos hay que dejar en claro en la ley, en la Constitución y en las normas locales las obligaciones que deben cumplir cada uno de los órdenes de gobierno, para que el centralismo no derive en desorden o confrontación.

En todo caso ha sido un acierto que la reforma electoral se haga a año y medio de la elección federal intermedia. Pero también son nueve los estados que tendrán elección de gobernador y 62% de la lista nominal tendrá elecciones concurrentes. El proceso electoral empieza en octubre de 2014, es mucho lo que debe preverse para ese entonces. Llamada de atención.