Desde el punto de vista puramente estratégico, los ataques perpetrados por las organizaciones criminales no tienen ninguna utilidad: no se imaginarán que las fuerzas militares y policiacas van a abandonar Michoacán —o la plaza que sea— después de una mera emboscada, ¿o sí? Luego entonces, ¿por qué tienen lugar si, encima, los delincuentes llevan todas las de perder y el parte de bajas les resulta siempre catastróficamente desfavorable?

Es muy difícil entender esta lógica. Pero, justamente, no estamos hablando de un conflicto bélico tradicional entre Estados nacionales, sino de una lucha desigual en la cual uno de los bandos exhibe un absoluto desprecio por cualquier tipo de reglas, normas y principios.

La circunstancia de que un cuerpo de policías municipales abandone cierta localidad ante la amenaza de unos delincuentes perfectamente armados ha sido una realidad en nuestro país. Otra cosa, sin embargo, es que el Ejército Nacional Mexicano o la Policía Federal emprendan la retirada, más allá de que las bandas criminales hayan podido cometer espantosas atrocidades contra grupos aislados de militares y agentes policiacos (uno de los sucesos fue filmado por los propios asesinos y posteriormente trasmitido por MILENIO Televisión en lo que fue un lamentable ejercicio periodístico, si es que se puede asociar la tarea informativa con una exhibición del horror tan gratuita e improcedente como tangencialmente provechosa para aquellos malnacidos).

Y no es una casualidad, luego entonces, que el trabajo propagandístico de las organizaciones delictivas tenga como uno de sus propósitos el desprestigio y la denostación de nuestras fuerzas armadas. 

Lo que sí resulta sorprendente es la extraña disposición de algunos sectores de opinión para sumarse a tan insidiosa campaña (aunque se pueda entender desde la interesada visión que tienen de las cosas, a saber, la deliberada asociación que hacen de lo “militar” con lo “represivo” y la malintencionada referencia a tiempos, ya idos, en que otros ejércitos fueron cómplices de regímenes dictatoriales).

Ahora bien, el mero planteamiento de estos dos escenarios —el de una comunidad donde la fuerza pública se ausenta, del brazo de las autoridades correspondientes, y el de la providencial llegada del Ejército y la Armada a aquellas zonas del territorio nacional que se encuentran en un alarmante estado de indefensión— nos lleva, de nuevo, a la misma constatación de siempre sobre las colosales deficiencias de nuestro aparato de justicia.

La escandalosa dimisión de algunas fuerzas policiacas municipales no es otra cosa que un síntoma de la debilidad institucional que padecemos al impartir justicia en este país. 

No hay ente más desprestigiado, aparte de temible, que el Ministerio Público y el simple hecho de que una inmensa mayoría de los delitos cometidos no sean castigados nos lleva directamente a esa realidad, tan poco reconfortante, del Estado fallido. Si el Ejército es quien debe hacer las tareas que competen a la policía entonces la situación es verdaderamente muy grave en México. 

Y lo más preocupante es que la misma productividad de los soldados y los oficiales (otra manera de referirnos al cumplimiento del deber), se ve seriamente mermada, de nuevo (y a su vez), por la podredumbre que reina en los juzgados y los tribunales. El marino valeroso y bien entrenado hace su parte y detiene al sicario. 

¿Se puede decir lo mismo de los jueces y los fiscales? El mismísimo Felipe Calderón fue acusado de no respetar la separación de los Poderes al expresar públicamente su descontento con la actuación de ciertos magistrados.

Michoacán, en este sentido, es el peor de los mundos. Los problemas no se atendieron en su momento y se dejaron crecer hasta unos niveles que, hoy día, resultan absolutamente inmanejables desde las estructuras tradicionales.

 Pero, no hay que sembrar desalientos añadidos, a pesar de lo dramático de la situación, porque muchas zonas de la entidad han sido recuperadas y las organizaciones criminales han perdido presencia territorial.

Y, si pensamos que operan, en parte, desde una lógica suicida y sin propósitos estratégicos claros, podemos, inclusive en una semana de tintes trágicos como la que hemos vivido, mirar con cierto optimismo la actuación del Ejército. Lo que está mucho más difícil de solucionar es el tema de la administración de la justicia. Esa es la verdadera guerra que hay que librar.