Colima no pinta, es muy pequeño; ese fue, más que cualquier otra tesis jurídica,  estoy seguro, el argumento clave que llevó al Trife a anular sus elecciones; de la misma manera que Mérida no pintaba cuando se entregó la administración municipal al PAN, en dos ocasiones, cuando había triunfado el PRI. 

Y es que nada pinta cuando se trata de salvaguardar los intereses nacionales, ni alcaldías, ni diputaciones, ni cualquier cargo de representación popular; es más importante, así piensan, lo que se entrega a cambio.

Pero en este caso se trata del Ejecutivo estatal, del gobernador, a escasos días de tomar posesión; en un contexto diferente. Alejado del partido único; cuando el PAN  ha gobernado la nación, por dos sexenios consecutivos,  y tanto el PRD como los demás partidos han ganado posiciones importantes como el gobierno del DF y de otros estados.

En un escenario donde hay tribunales electorales y una legislación para “garantizar” que las elecciones cumplan con las reglas de la democracia. En un entorno en que ha quedado demostrada la hipocresía de nuestra norma que exige que los gobernantes no apoyen a los candidatos de su partido  en las elecciones, cuando todos lo hacen, como descaradamente hizo Fox a favor de Calderón.

Y lo peor fue la evidencia, el pretexto, que usaron los jueces para contrariar la voluntad de los colimenses: la grabación de un funcionario. Sin haber siquiera investigado cuáles pudieron haber sido sus repercusiones. Porque se dan casos, y no pocos, en que dichas intervenciones resultan inocuas y hasta contraproducentes.

Lo que constituye un agravio para la sociedad, pues las autoridades que contaron voto por voto, dos veces; sobre todo porque la democracia es cuestión de números y votos, del número de votos. Y el número de votos favoreció al candidato del PRI.

Ahora queda claro, dada su tendencia a la “concertacesión”, que la insistencia del PAN en llevar al cabo reformas electorales de carácter centralista era tan sólo para su beneficio.

Ahora será el INE  el encargado de instrumentar un proceso “impoluto” en el que pueda triunfar el candidato y el partido que designe el que manda. Para beneficio de la nación.

Lo peor es que, aparte de los colimenses, nadie defendió su voto; ¿dónde estaba el PRI cuando Anaya endilgaba discursos incendiarios para presionar a los jueces?, ¿acaso enfundado en su fachada de institucionalidad? 

La sociedad de Colima será quien pague los platos rotos de la incertidumbre en tanto un gobernador constitucional pueda tomar posesión; en Guanajuato una vez el interinato del PAN duró más de tres años;  y todos los ciudadanos del país  pagaremos el seguro dispendio del INE y los gastos de campaña para “reponer” la elección. Huele a “concertacesión”.