El 18 de agosto, recién aprobadas las leyes secundarias en materia energética, conversé en la tele con Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia y hombre fundamental en el sexenio.

Me contó cómo veía la segunda parte del año: “Acabamos de cerrar una etapa de una alta concentración de trabajo legislativo y viene una etapa, como lo ha dicho el Presidente, de poner las reformas en acción. ¿Qué significa poner las reformas en acción? Ejecución, ejecución, y más ejecución. Y te pongo un ejemplo: de aquí a que termine el año tenemos calendarizadas ya 36 acciones de distintas reformas con fecha para ir empezando la ejecución de todas estas reformas. ¿Qué son esas acciones? Son políticas públicas concretas, son la entrada de reglamentos. En fin, todo el marco que va a permitir aterrizar el trabajo legislativo que se hizo y ya estamos trabajando con fechas calendarizadas y con un trabajo de ejecución”.

Unos días después vendría el segundo Informe. Luego la emergencia de Los Cabos y en unos días más los sucesos en Iguala que resultaron en la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas.

Las 36 acciones de “reformas en acción” han quedado para después.

La tragedia de Iguala ha puesto un alto al plan diseñado desde mucho antes de tomar posesión. Reformas, implementación, resultados.

Mala cosa cuando el secretario de Hacienda tiene que salir a decir que los hechos de Iguala no afectan los fundamentos de la economía mexicana, pero que su impacto dependerá de las acciones que se tomen en los próximos días.

Peor cuando el canciller Meade, contagiado ayer por la enfermedad que inunda el Veracruz de Duarte: el sin sentido, sale a decir que lo de Iguala no afecta la imagen del México en el exterior. Supongo que los inversionistas extranjeros están felices y las reservaciones para Acapulco son un hervidero.

Iguala también se ha llevado por delante una “estrategia” que medio estaba dando algunos resultados. Iguala ha raspado a su responsable: el secretario de Gobernación, y puso en aprietos al procurador general de la República que ayer salió a decir que lo que el sábado dijo el gobernador era cierto.

Pero esto apenas comienza.

Sabemos cuándo, cuántos, dónde, quiénes y cómo fueron secuestrados 43 jóvenes estudiantes.

¿Que va a suceder si en uno, dos, tres, diez, cien días el gobierno mexicano no es capaz de encontrarlos?

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