Si creemos la que hasta ahora es la versión de las autoridades, el 30 de junio de este año, en el pueblo de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, ahí donde colinda con Guerrero y Michoacán, cerca de Arcelia y Huetamo, un grupo del Ejército mexicano hacía rondines de rutina cuando de una bodega alguien los agredió a tiros.

El resultado fue de 22 personas muertas: todos los agresores y un soldado herido. Los 22 murieron dentro de la bodega. En el comunicado oficial de la Sedena se daba cuenta de que “los soldados encontraron en el depósito 38 armas de fuego, una granada y varios cartuchos, y liberaron a tres mujeres que afirmaron haber sido secuestradas”.

El 8 de julio el reportero de AP Mark Stevenson, con larga experiencia en México, publicó su despacho desde la sierra mexiquense. No había en la bodega rastros de un enfrentamiento como el descrito por la Sedena y la procuraduría mexiquense.

La huella de los disparos parecía indicar otra cosa. Un testigo narró dos horas de escuchar tiros en la sierra. En la bodega había  sangre de los muertos, pero no huellas de tal batalla. 

Unos días más tarde, la procuraduría mexiquense emitió un comunicado en el que afirmaba que no tenía ninguna evidencia de que los que murieron hubieran sido ejecutados por los soldados. En una segunda nota Stevenson respondió: “Los periodistas que visitaron el almacén no vieron signos de un tiroteo prolongado.

Cerca de cinco puntos a lo largo de las paredes interiores del almacén mostraron el mismo patrón: una o dos marcas de balas muy próximas entre sí, rodeado de una masa de sangre salpicada, dando la apariencia de que algunos de los fallecidos estaban de pie contra la pared y fueron alcanzados por uno o dos precisos disparos a la altura del pecho. Había pocas señales de balas perdidas o los casi accidentes que se esperarían en un gran tiroteo”.

Ahora Human Rights Watch se ha unido a otros grupos pidiendo que se investigue y se informe qué fue lo que en verdad sucedió en Tlatlaya.

El sexenio pasado vimos varios incidentes como este. Nada se supo. La impunidad reinó. 

Si el presidente Peña quiere demostrar que algo cambió en la estrategia de seguridad, tiene ante sí una gran oportunidad. 

Decirnos qué sucedió en Tlatlaya. Y, de ser el caso, castigar a los responsables. No es tan complicado.