Primero. Sí es contra Carlos Slim. No hay manera de interpretar de otra manera la frase: “Se regulará a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos”. Tampoco puede leerse con ambigüedad que a los operadores dominantes se les aplicará una regulación asimétrica. Esto es tanto como decir: a ti, por ser grandote, te aplica una ley; pero a los demás otra.

Segundo. Mete en camisa de once varas a Televisa. Si bien es cierto que la empresa emitió un comunicado velozmente para darle la “bienvenida” a la reforma ayer por la tarde, también lo es que ella misma reconoce que la iniciativa “plantea grandes retos”. No especificó cuáles, pero la inclusión del must carry y el must offer, de entrada, lo obliga a ofrecer sus canales 2 o 5 al sistema Dish. Asimismo, sus empresas de tv restringida, Cablevisión y Sky, quedarán obligadas a distribuir contenidos de terceras firmas.

Tercero. Fortalece la rectoría del Estado en la materia. Esto ocurrirá a través del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la renovada Comisión Federal de Competencia Económica. La configuración de estos organismos será clave para la transición digital, para el otorgamiento de las nuevas concesiones, para las reprimendas que apliquen ante prácticas violatorias de la normatividad, y para garantizar el correcto funcionamiento de este mercado.

Cuarto. Reta al Poder Judicial a tener personal especializado en la materia y a configurar los tribunales especializados que conozcan de las telecomunicaciones como si fueran divorcios exprés; es decir, como la palma de la mano. La iniciativa además es muy clara en evitar que los amparos retrasen el avance tecnológico que urge al país.

Quinto. Fortalece la falacia de la competitividad. Seamos honestos: ¿en qué va a cambiar una Pyme si en lugar de comprarle a Telmex un paquete con Infinitum en, digamos, mil 200 pesos, se lo compra a British Telecom en 950 pesos? La propia Secretaría de Hacienda señalaba ayer que se puede añadir un punto porcentual al PIB con esta reforma. ¿De verdad? Cuidado.

Sexto. Deja al Presidente en una posición de sumo poder, lo legitima todavía más ante el electorado y, de aprobarse, lo posiciona como el mandón de la fiesta.