Al cierre del 2016 los once ayuntamientos de Quintana Roo cumplirán apenas tres meses de haberse renovado, pero el arranque de sus gestiones resulta interesante, no sólo por las perspectivas que pueden tenerse del desempeño de los alcaldes, sino particularmente porque a estas administraciones lo que les faltará es tiempo, pues son tan sólo de dos años, lo cual por cierto la mayoría no parece comprender.

Tulum, José María Morelos y Cozumel, sólo han destacado por las quejas de sus presidentes; Romualda Dzul Caamal, alcaldesa del primero, fue también la primera en recurrir a la deuda pública para comenzar a gobernar; y José Valadez Chi y Perla Tun Pech, en los otros dos ayuntamientos, no paran de recibir renuncias de colaboradores ante sus desplantes. Hacer campaña no es lo mismo que gobernar, a ver si para 2017 ya les queda claro. También en este grupo “flota” Felipe Carrillo Puerto, en donde Paoly Perera Maldonado parece no comprender que su administración ya comenzó.

Los demás destacan por grupo; por ejemplo, Lázaro Cárdenas y Bacalar son gobernados por militantes de Nueva Alianza, en el primero de ellos Emilio Jiménez Ancona y en el sur Alexander Zetina Aguiluz (ambos ex dirigentes estatales de los trabajadores de la educación). El primero de ellos ha mostrado mucha más capacidad política y de negociación con el gobierno estatal, mientras que políticamente Zetina Aguiluz parece estar solo, sin el apoyo de su partido, cuando aún intenta darle forma a un gobierno con exigencias fundadas en la deplorable administración de su antecesor, José Alfredo Contreras Méndez.

Solidaridad y Othón P. Blanco son acaso de los que más se esperaba, pues Cristina Torres Gómez y Luis Torres Llanes son brazos políticos del gobernador Joaquín González, pero hasta ahora no han dado contundencia en sus resultados, pues sostienen aún el discurso de campaña de ajuste de cuentas a los malversadores de recursos, sin que haya nada en concreto, pero además el panorama se complica cada vez más en el sur, con la pérdida de recursos federales por la no ejecución de obras, y en la Riviera Maya se antoja difícil que la alcaldesa logre revocar la concesión de agua potable a Aguakán.

Es identificable otro grupo de alcaldes caracterizados por ser de oposición al gobierno estatal, pero que esa relativa autonomía les está permitiendo concretar acciones; por ejemplo, Laura Fernández Piña, en Puerto Morelos, se comprometió e hizo las gestiones para contar con un organismo de agua potable y evitar –allá sí– que Aguakán opere en esa demarcación, y este jueves el Consejo Directivo de la CAPA deberá aprobarlo. Parece un hecho menor, pero eso la colocaría como la más exitosa de los once.

Juan Carrillo Soberanis, en Isla Mujeres, no ha buscado reflectores en exceso, sabedor de su condición opositora, pero ese ayuntamiento ya recibió reconocimientos nacionales por la administración como Pueblo Mágico; y Remberto Estrada Barba, en Benito Juárez –Cancún–, municipio con infinidad de problemas, es también al más poblado del estado y el polo turístico más importante de Latinoamérica.