Cuando parece inminente el desenlace del caso Iguala, conviene distinguir lo lógico de lo insensato:

Las seis personas asesinadas por la policía de Iguala, los 43 secuestrados (con la complicidad de la policía de Cocula), deudos y familiares que reclaman a los desaparecidos, son víctimas indiscutibles de la colusión entre “servidores públicos” y el grupo criminal Guerreros Unidos.

Sean cuales fueren las motivaciones ideológicas y políticas o las acciones que estuvieran realizando esas 49 personas, la exigencia de justicia es inapelable.

Desde la indescifrable “izquierda”, sin embargo, “los buenos” de siempre quieren desquitarse de sus fracasos: uno en su doble intento por alcanzar la Presidencia, otros en superar su avasallamiento por la corriente de Los Chuchos.

Envilecido por la política, el drama es usado por “progresistas” como Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo pidió la “renuncia” de Enrique Peña; o por los bejaranistas, que demandan la salida de la dirigencia nacional del PRD de Carlos Navarrete.