El tema de la mayor importancia es el del paquete de reformas que conlleva la iniciativa del Ejecutivo tendente a reformar el Código de la Administración Pública de Yucatán (CAPY), en manos de la LX Legislatura del Congreso local desde el lunes 5 de noviembre y ya en proceso de estudio y dictaminación en las comisiones respectivas. De lo que haga el Poder Legislativo con esa iniciativa dependerá  en buena medida la modernización del aparato administrativo estatal  e incluso la posibilidad de obtener ahorros sustanciales en el gasto público.

Entre el cúmulo de asuntos incluidos en esa reforma legal enviada por el Ejecutivo hay temas social y políticamente de la mayor relevancia, como la transformación -esperemos que no sólo en el nombre- de diversas dependencias a las que se dotaría, si los legisladores lo aprueban, de mayores atribuciones, por ejemplo en el aspecto agropecuario -hoy día tan soslayado por la autoridad de todos los niveles, especialmente el federal-, donde hay atisbos de sumarse a las tendencias mundiales de agricultura sostenible, y en el del combate a la pobreza.

Sin embargo, en medio de todos esos cambios, llama la atención el que involucra a las secretarías de Hacienda y Planeación y la Oficialía Mayor, las cuales quedarían fundidas en la Secretaría de Administración y Finanzas, y la creación de la Agencia de Administración Fiscal, respecto de la cual hay una iniciativa "pendiente" en el Congreso, enviada el 31 de julio de 2012, cuyo objetivo es eficientar el cobro de los impuestos tanto estatales como municipales y federales coordinados, y que, según fuentes del Congreso, será tomada en cuenta a la hora de dictaminar los cambios al CAPY. Qué bueno.

Se percibe simpatía a las reformas entre las diversas fracciones. Ojalá se plasme en la realidad. Los yucatecos merecemos eso y más.