Conformes con las campañas de siempre, donde el candidato se mueve en una zona bajo control y sin correr el mínimo riesgo, quienes pretender ocupar presidencias municipales y diputaciones locales no hicieron llegar su mensaje a enormes sectores de potenciales votantes que aguardan algo más que el reparto de vasos, lapiceros y playeras, como si fuesen invitados a una fiesta infantil.

Si bien es un sector minoritario, este aguardó compromisos efectivos de los candidatos para que planteen un viraje en la conducción de Ayuntamientos y al frente de diputaciones. En cuanto a estas, hay 10 candidatos por la vía plurinominal que no ofrecieron la menor propuesta, ya que han estado al margen del proceso porque tienen la vía abierta para instalarse, con los mismos derechos de quienes caminaron de sol a sol y bajo la lluvia, a fin de conquistar al electorado o al menos darse a conocer. 

Los candidatos no acudieron a centros de educación superior, cuyos alumnos no tienen iniciativa porque dependen de permisos que deben otorgar sus directores y Rectores, con lo que se desechó la posibilidad de llegar a los dominios estudiantiles, donde la credencial de elector tiene otras funciones ajenas a votar en domingo. 

Si en este proceso se arroja un nivel de abstencionismo bastante acentuado, tanto autoridades electorales como líderes de partidos y demás agrupaciones deben tomar en serio el análisis de este proceso para eliminar ataduras que impiden contiendas más libres, evitando la protección excesiva a los candidatos.

Conflicto limítrofe en el limbo 

Por más de 16 años Quintana Roo ha esperado un veredicto definitivo tanto de la Suprema Corte como del Senado de la República, para recuperar cuatro mil 800 kilómetros cuadrados que Campeche mantiene bajo su tutela desde fines de 1996, cuando su gobernador Jorge Salomón Azar le dio un “madruguete” a su homólogo quintanarroense Mario Villanueva al ordenar la creación de Calakmul, incorporando una vasta superficie en disputa a lo largo de décadas.

Unas 16 comunidades se ubican en la franja en disputa, y en este proceso electoral han planteado de nuevo un desafío a las autoridades electorales, ya que parte de sus habitantes sufragarán por candidatos de Quintana Roo a presidentes municipales y diputados locales, y otros por candidatos de Campeche.

La Suprema Corte tuvo en sus manos el expediente de 1997 hasta 2005, cuando una reforma constitucional otorgó al Senado facultades para resolver conflictos limítrofes entre entidades. En 2012 una nueva reforma constitucional devolvió a la Corte esa facultad, pero el Senado se negó a devolver el voluminoso expediente.

“La Corte solicitó el retorno de esos originales para su conocimiento. Sin embargo, el Senador Ernesto Cordero contestó a la Corte que estaba en imposibilidad física y jurídica de cumplir dicho requerimiento por haber decretado la conclusión y archivo de dichas controversias”, explicó Raúl Labastida Mendoza, Consejero Jurídico del gobierno de Quintana Roo.

“Dichas controversias no fueron procesadas ni resueltas por el Senado, y no existió ningún procedimiento legal que las concluyera; el decreto del Senador Cordero fue dictado cuando ya no tenía facultades legales para ello, porque habían entrado en vigencia las últimas reformas constitucionales que motivaron a la Corte el señalado requerimiento”, añadió.

Para Luis Ramón Villanueva García, presidente del Comité Pro Defensa de los Límites del Estado, el expediente quedó sin resolver porque no pudo ser devuelto por el Senado a la Corte. 

“Esa franja no es de Campeche constitucionalmente, sino de Quintana Roo, pero con Campeche adentro”.

Dijo que al quedar las cosas intactas, sin dar un veredicto definitivo, Campeche es beneficiado
porque ocupa esos cuatro mil 800 kilómetros cuadrados. “Campeche nos invadió y todas las instituciones federales están a su favor”, concluyó.