17 de Noviembre de 2018

Opinión

Los ciudadanos no cuentan

Por allí todavía hay quien insista en acabar con el régimen presidencial a través de la figura de gobierno de gabinete.

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La debilidad y la ambigüedad de la izquierda abren una oportunidad monumental al PAN para negociar con el PRI temas centrales de la reforma política. Desde ahora se dice que la prioridad es conformar un Instituto Nacional Electoral y de esta manera centralizar las elecciones para que sea una instancia federal la que organice todos los comicios. 

Aunque la propuesta no convence, se habla de abaratamiento de las elecciones y, particularmente, de darle mayor imparcialidad y autonomía a las autoridades electorales. Llama la atención que la reelección consecutiva pase a segundo plano o la aviesa propuesta de Felipe Calderón sobre la segunda vuelta para los comicios presidenciales. 

Por allí todavía hay quien insista en acabar con el régimen presidencial a través de la figura de gobierno de gabinete, esto es, que sean los legisladores y no los electores quienes decidan quién debe dirigir al gobierno.

Los cambios fundamentales no pueden modificar lo existente, esto es, una reforma política que transforme al gobierno aplicaría hasta el que fuera electo en 2018. Un cambio en la integración de las Cámaras podría tener vigencia a partir de 2015 en la elección de diputados. Una reforma electoral en estricto sentido, como sería la creación del Instituto Nacional o al Tribunal Electoral, cobraría vigencia de inmediato.

¿Es necesario centralizar las elecciones? En el PAN así lo piensan y en las condiciones actuales es posible que el PRI y PRD pudieran acceder. Recientemente el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, da por muy probable tal acuerdo en el seno del Pacto por México. 

Si las razones de mayor peso son la confiabilidad de las elecciones, cabe señalar repetidos casos de alternancia a pesar de la asumida parcialidad de los órganos electorales como sucedió en 2010 en Puebla u Oaxaca. Lo menos que se puede decir es que, si hay parcialidad, ésta no impide la alternancia.

La racionalidad centralista se reviste de argumentos muy a modo. En el tema de los costos no se requiere un análisis a profundidad para conocer que los funcionarios federales cuestan mucho más que los locales. De hecho una de las áreas de mayor incremento en el gasto público ha sido el financiamiento de la burocracia electoral, incluyendo la partidaria. 

La creación del Tribunal Electoral en 1996 fue un paso fundamental hacia la centralización electoral. La reforma de 2007 continuó en lo mismo. La debilidad existente del PAN y PRD en gobiernos locales los predispone hacia el centralismo; la cuestión es que las instituciones no se crean a partir de cálculos de circunstancia o de coyuntura. Pero esto ya es práctica común, incluso en el PRI. 

Se cambian las reglas del juego a partir de la inmediatez y con escenarios de muy corto plazo; además, los ciudadanos no cuentan.

Efectivamente, para los partidos los ciudadanos son simple materia prima en el proceso comicial, son electores, votantes a conquistar, no los depositarios originarios de la soberanía popular y los verdaderos propietarios de los partidos. El problema más grave de la democracia mexicana es que los ciudadanos han sido despojados del derecho a ser electos. Eligen, pero hasta allí. 

Las candidaturas independientes, logro judicial de Jorge Castañeda, no resuelve la salvaguarda de este derecho. El éxito de candidatos sin partido es ocasional, pero la crítica central es que debilitar a los partidos es menguar al sistema de representación. La democracia moderna requiere de partidos fuertes y, particularmente —lo que no sucede en México—, que tengan ascendiente con la sociedad.

¿Por qué a los partidos no se les ocurre facultar al IFE para que pueda organizar sus elecciones internas para que éstas sean confiables y democráticas? Lo fundamental de la democracia mexicana es abrir los partidos a los ciudadanos; facilitar a quienes quieran acceder al cargo de elección el que puedan competir en una elección justa para ganar candidaturas en las organizaciones políticas de su preferencia. 

Esta exigencia es mayor a partir de la obstrucción que se ha hecho para la creación de nuevas organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones y del blindaje contra la democracia interna que les dio la reforma de 2007.

El tema de mayor peso en la justicia electoral desde que Roberto Madrazo fue derrotado en un juicio en 2003 es la protección de los derechos del militante. El crecimiento exponencial de dichas controversias indica que el régimen existente está mal y que los ciudadanos tienen que recurrir a la justicia federal para reivindicar su derecho a ser votados. 

Sin embargo, nada hay en las reflexiones profundas sobre cómo mejorar el sistema electoral. Tampoco están presentes en las muchas iniciativas más allá del anunciado irrelevante sobre la necesidad de una ley de partidos.

El PAN propone y los demás por necesidad disponen. Seguramente habrá cambios en materia electoral. Temas varios de una misma tradición: los ciudadanos no cuentan.

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