Una vez más el gobierno de Estados Unidos le ha pedido al gobierno de México que sea “discreto” durante el proceso de presentación y negociación de la reforma migratoria. Las notas periodísticas dicen algo así como que Hillary Clinton había agradecido al gobierno mexicano su intención de respetar el proceso legislativo en Estados Unidos.

Digo una vez más, porque algo similar han pedido cada vez que se acerca el momento de negociar una reforma migratoria.

Pero como dirían en Estados Unidos, la petición y su razonamiento es bullshit. Si el gobierno de Peña se la traga, se estaría comiendo una mentira.

Todos los países del mundo tienen agentes contratados para influir en el proceso legislativo estadunidense y lo hacen todos los días. Bueno, no todos. Seré preciso: según el último reporte de la oficina de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros del Departamento de Justicia, hay 387 firmas de cabilderos, relaciones públicas, abogados y publicistas contratados por 81 países.

La lista de los cabilderos chinos llena cinco páginas del reporte. Rusia se gasta no menos de diez millones de dólares al año. México hace algo similar, desde hace mucho tiempo, en temas que van de la agricultura a la defensa de mexicanos condenados a muerte y a la operación del TLC. Y bueno, qué sería del gobierno de Israel sin su eficientísima e intensa operación de cabildeo, que ha logrado poner sus intereses frente a los legisladores estadunidenses.

Así que la decisión es enteramente mexicana. Del gobierno mexicano.

¿Cuánto dinero, cuánto tiempo, cuánta inteligencia está dispuesto a gastar para colaborar con el gobierno de Barack Obama para que los muchos millones de mexicanos que llevan años viviendo perseguidos, vulnerables, encuentren un camino hacia la normalidad?

Entre marzo y mayo del 2006 cientos de miles de mexicanos que viven en Estados Unidos —con y sin documentos— salieron a las calles a protestar por su situación y, en cierta medida, para apoyar la iniciativa de Ley S-2611 de reforma migratoria que estaba en el Senado estadunidense.

Desde entonces, muy vivos, los estadunidenses le han hecho al gobierno mexicano dos lecturas de aquellas marchas: que su “muy mexicano” carácter enfureció a la derecha, lo que quitó apoyos en el Congreso, y que ahora cualquier movimiento del gobierno podría repetir la misma reacción en las calles y, por lo tanto, en el Capitolio.

En aquel año yo dirigía un periódico en español en Texas, y me tocó cubrir y estar cerca de aquel movimiento. Puedo decir dos cosas: las banderas mexicanas irritaron a la derecha histérica y racista que ha estado, está y estará siempre, contra una reforma.

La iniciativa del 2006 estaba muerta antes de nacer, las marchas no cambiaron el resultado en el legislativo. Segundo: las marchas son resultado de la increíble fuerza de la radio popular en español en Estados Unidos, que en aquellos años encabezaba El Piolín en Los Ángeles, pero que tenía imitadores en todo el territorio estadunidense. Esa radio, seguramente, lo volverá a hacer.
Ningún gobierno mexicano es capaz de sacar ni mil mexicanos a las calles. Pero sí puede influir en docenas de congresistas.

La que sea, pero la decisión es de Peña Nieto. No se vale poner pretextos.