Una ley promulgada es un hecho tan irreversible como el triunfo electoral de una agrupación política. A mucha gente no le gusta Enrique Peña ni está de acuerdo tampoco con el regreso del PRI. Pues, mientras una mayoría de ciudadanos, por mínima que sea (y, en este caso, estamos hablando de millones de votos de diferencia), haya decidido el resultado de las cosas, los inconformes tienen que apechugar y sanseacabó. Nadie dice que no expresen su descontento ni que se crucen de brazos. El problema es que esa tan traída y llevada “protesta social” —un derecho que en este país se ejerce con el único resultado visible de perjudicar en primerísimo lugar a cientos de miles de compatriotas indefensos— se despliega, casi exclusivamente, para impugnar hechos consumados, es decir, para exigir otorgamientos que, en la práctica, son imposibles de conceder. ¿No pensarán los revoltosos de la CNTE que el Congreso, que aprobó la reforma educativa justamente cuando más arreciaban las protestas, se va a echar ahora para atrás, o sí? Luego entonces, ¿a qué vuelven a Zócalo? ¿Cuál es el propósito concreto de proseguir con la protesta?

Si no supiéramos de las prebendas que ha logrado obtener ese grupo, si no conociéramos también de sus prácticas corporativas y de unos usos que rayan en lo declaradamente mafioso, podríamos formular las anteriores interrogantes con un sentimiento de absoluto desconcierto. Estamos bien enterados, sin embargo, que sus movilizaciones son una forma de chantaje y que nuestras autoridades, que no logran sacudirse de encima esos instintos clientelares que cultivaron a lo largo de decenios enteros, terminarán por ceder. ¿Hasta cuándo?