22 de Septiembre de 2018

Opinión

Los dineros de las campañas

Es el peor de los sistemas, porque los topes no se respetan y porque se sacrificó la transparencia.

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Los políticos y legisladores optaron por el peor de los sistemas con base a un noble propósito: un régimen decimonónico de rendición de cuentas de campaña y un anhelo de equidad. El dictamen del IFE sobre los dineros de las campañas de 2012 lo demuestra. Lo que se regula solo es una parte de lo que se gasta o, más bien, lo que no se puede ocultar. La realidad es que todos los partidos y candidatos gastaron mucho más. Las sanciones tienen que ver más con los errores y torpezas de los contadores en el reporte de gasto de los partidos y sus campañas que con lo que ocurre en el mundo real.

Así es por el régimen de fiscalización, que optó por el control de gasto en lugar del de la transparencia. Si los topes de gasto no son realistas, como es el caso, los informes serán simulación y artificio para evitar sanciones. Es el peor de los sistemas, porque los topes no se respetan y porque se sacrificó la transparencia. También se elimina la posibilidad de conocer el origen del financiamiento, con todo lo que eso implica, no solo por la desviación de recursos públicos, sino por los vínculos ilícitos que se pueden crear con financiadores de campañas en la opacidad.

Es ridículo que el dictamen sobre el gasto de los partidos se presente un año después de la elección. Los instrumentos existentes permiten conocer en tiempo real las finanzas y las contabilidades. Los informes pueden hacerse en línea, como se hace actualmente en las declaraciones fiscales de las personas físicas y morales. No es aceptable que las autoridades impongan a los particulares modalidades de reporte electrónico sobre el gasto de sus ingresos propios y los partidos no hagan lo mismo sobre los recursos que la sociedad les entrega. El régimen actual es totalmente disfuncional a los dos objetivos básicos del régimen de fiscalización: la transparencia sobre origen y gasto y la equidad en la contienda.

El problema es que un régimen de topes de gastos necesariamente propicia la simulación y, por lo mismo, mina las posibilidades de transparencia. Aunque no exento de problemas, no estaría por demás evaluar el régimen de control existente en EU, en el que se privilegia la transparencia sobre cualquier otra consideración. Un particular en medio de la elección puede conocer el origen del gasto de campaña de los candidatos, también los donantes particulares o colectivos, como los comités de acción política; cuánto y a quién financian. El acceso a la información es un elemento del voto informado.

No es un dilema sencillo: equidad o transparencia. En el sistema actual de fiscalización no se logra ni uno ni lo otro. Además el régimen cerrado y rígido para el acceso a radio y televisión propicia que el gasto se dirija a otros géneros de publicidad, a la propaganda subrepticia y a la inversión excesiva hacia el proselitismo cara a cara con el riesgo de clientelismo político y despilfarro en estructuras territoriales que casi siempre acaban en simulación.

Los partidos no tienen llenadera. Ahora no les cuesta la radio y televisión, que antes de la reforma representaba entre 60% y 80% del gasto reportado. El financiamiento para los partidos mayores es muy generoso, a grado tal que prácticamente cubriría el gasto oficial de campaña. El dinero público es cuantioso tanto para mantener las estructuras permanentes de los partidos como para las campañas. Lo que es peor, los candidatos, todos, no reciben el dinero, las estructuras partidarias se quedan con los recursos y los candidatos se ven obligados a buscar financiamiento, no siempre de las mejores fuentes. Si los partidos quieren alejar el dinero ilícito de la política deben empezar con destinar a los candidatos buena parte de los recursos que reciben.

Las voces de alerta sobre las deficiencias del régimen vigente son escasas y en no pocas ocasiones tan elaboradas que casi nadie las entiende ni permite comprender sus negativos efectos. La crítica es precaria, porque quienes tienen voz para denunciar son beneficiarios del estado de cosas. Al IFE le viene muy bien, porque ya se burocratizó, ya perdió el ímpetu reformador y democrático de los años de José Woldenberg. Ahora los escándalos de corrupción y opacidad en el gasto son la divisa. El contralor es cuestionado por los consejeros electorales ante los informes que revelan la descomposición en el órgano electoral. Los dineros de la política a todos y todo corrompen.

El PAN ha llamado a revisar el sistema electoral. PRD, PRI y gobierno han concertado incluir esta demanda en la agenda del Pacto por México. El informe de IFE sobre los gastos de campaña de la elección de 2012 llama por un cambio profundo más allá de lo convencional.

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