En otoño del año pasado, en medio de la discusión sobre las leyes secundarias de la reforma educativa, las marchas y la toma del Zócalo, hablé en En15 con tres líderes de la CNTE. Entendían que la aprobación de las reformas era imposible de detener, pero insistían en que no habría reforma. Les pedí que me explicaran: “En la vía de los hechos, la reforma no se aplicará”.

Siete meses después, lo que parecía una bravuconada comienza a hacerse realidad.
Pieza fundamental en nuestro desastre educativo ha sido la falta de información. Como parte de la reforma, el gobierno se propuso hacer un censo con los siguientes objetivos:

“Contar con la información de alumnos, maestros y escuelas para la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa.Tener plena ubicación geográfica de todas las escuelas de educación básica y especial.Conocer la infraestructura educativa instalada, servicios educativos que se otorgan en los inmuebles escolares, su equipamiento y las condiciones en las que se imparte la educación básica y especial. Identificar por centro de trabajo el uso de los espacios disponibles, su equipamiento y deterioro.

Registrar en los diferentes centros de trabajo de educación básica y especial a cada uno de los docentes y personal administrativo e identificar sus principales características: plazas, grupos que atienden, materias que imparten, su escolaridad, las funciones que realizan. Registrar en las escuelas a todos los alumnos según su grado y nivel educativo e identificar las necesidades de atención de los servicios de educación especial”. 

Que en 2012 el Estado mexicano no tuviera esa información sería suficiente como para abrir proceso en contra de quien se ha encargado la educación en las últimas décadas. 

Así que el Inegi se lanzó a obtener la información y ya tenemos resultados definitivos. O mejor dicho: tan definitivos como se pudo. Porque en Michoacán, Oaxaca y Chiapas la mayoría de funcionarios de las escuelas públicas se negó a que se censara. 

Dos millones ciento cuatro mil alumnos, intuye el Inegi, son los que no pudo contar. Y, uno supone, a los que no se aplicará nada de lo descrito en la reforma.
Como si vivieran en otro país, bajo otras leyes, con otras reglas…

Dos millones de estudiantes —y sus 150 mil maestros— en tres de los estados más pobres del país a los que no contamos.  

La tragedia se cuenta sola.