El presidente Peña Nieto tiene varios frentes abiertos: enfrenta la declarada oposición de los grupos corporativistas y debe rendir cuentas sobre una economía que no se mueve. Cualquier propósito de modernización, en este país, afecta irremediablemente los intereses de colectivos que, miren ustedes, han sido, hasta ahora, los primerísimos beneficiarios de unas políticas públicas diseñadas, deliberadamente, para agenciarse sus favores y sus adhesiones. 

Estamos, aquí, ante una extraña disyuntiva: la modernización implica el obligado sacrificio de las prebendas y canonjías otorgadas antiguamente por el régimen priista —que los gobiernos del PAN no pudieron, o no quisieron, desmantelar— y, sin embargo, en las actuales propuestas de reformas no se tocan particularmente los intereses de los cuerpos que tendrían que ser los primeros afectados.

Todo intento reformista tiene consecuencias directas sobre las condiciones particulares de muchos grupos —maestros, empleados públicos, trabajadores del Estado— que, al ver que sus condiciones de trabajo se modifican, reaccionan de manera más o menos airada ante la propuesta de cambiar las reglas: algunos salen a manifestarse a las calles y otros implementan formas más sutiles —aunque, tal vez, más eficaces— de resistencia.

Hay que saber que las reformas implican un desafío obligado a aquellos grupos cuyos intereses han sido antiguamente consentidos por el “sistema”. Pero, ¿qué tanto se pueden plantear nuevas condiciones sin afrontar una respuesta hostil y, hasta beligerante, de los diversos grupos afectados? Y, sobre todo, ¿qué tanto le puede preocupar, a un gobierno determinado, la reacción de los colectivos afectados? Dicho en otras palabras, ¿qué tanto le inquieta, al régimen de turno, la protesta social?

No son preguntas menores porque ya hemos visto cómo Vicente Fox —mandatario en un sistema que algunos califican de “derecha” y, ya puestos, hasta de “fascista”— dobló las manos en el tema del aeropuerto de la capital de la República, una obra que iba a ser la más importante inversión en infraestructura de su sexenio. Bastó con que algunos macheteros de Atenco se pusieran peleones para que el proyecto se cancelara, con todo y que muchos habitantes de la comunidad desearan abiertamente la realización de los trabajos.

Pues bien, ¿cuál es la posición de un presidente de la República que, hoy mismo, intenta cambiar y modernizar un país que sigue anclado machaconamente en sus antiguos usos y costumbres?

He aquí el reto mas inmediato de Peña Nieto y su prueba más dura. Ocurre, además, que al primer mandatario de la nación parece que le están poniendo obstáculos de manera deliberada: ¿ese presunto activismo social es verdaderamente espontáneo o resulta de una estrategia bien concebida para debilitarlo o, en todo caso, para dificultar la implementación de las reformas modernizadoras?

Y, otra pregunta: ¿qué tanta influencia y poder tiene el PRI, hoy día, ante los grupos que cuestionan abiertamente sus políticas y sus propósitos?

Nos quedan muy claras las intenciones del Presidente de la República: es un hombre que pretende, a pesar de todos los pesares, cambiar a México. No lo hace, sin embargo, de manera radical, sino con una estudiada prudencia, observando cuidadosamente la realidad de los grupos de interés y, sobre todo, atendiendo los provechos de siempre que el propio sistema ha procurado. 

En la reforma energética, para mayores señas, no hay demasiadas referencias al sindicato de Pemex ni se vislumbran tampoco muchos propósitos de limpiar la casa. Aun así, Peña Nieto enfrenta una formidable oposición. Esperemos todavía algún tiempo, para valorar las habilidades políticas de un presidente que intenta cambiar las cosas luego de años enteros de inmovilidad.