Vivo en un país en donde los gobiernos estatales no son capaces de controlar lo que ingresa a un espacio cerrado diseñado para ser lo más seguro posible.

Hemos sido capaces de que los pasajeros no metan una pistola a un avión. Hemos logrado que a secretarías de Estado u oficinas de grandes empresas no entren los que no deben entrar.

Pero no hemos logrado que en las cárceles los prisioneros no tengan celulares.

Es raro.

Este es el segundo párrafo de la octava cláusula de la nueva estrategia contra el secuestro que anunció la semana pasada el secretario Osorio Chong:

“Asimismo, estableceremos acciones operativas y tecnológicas para inhibir cualquier acción o comunicación desde el interior de un penal, promovida por algún interno que pretenda participar en la comisión de este delito”.

Todos los datos indican que es enorme la cantidad de secuestros y extorsiones que se operan, por teléfono, desde las cárceles.

Llevamos años con la idea de que algún tipo de domo cibernético invisible, que cubrirá por completo un penal, impedirá que los reos extorsionen y secuestren. Es absurdo.

El día que gastemos millones en alguna tecnología capaz de interferir con la señal de todo tipo de celulares, ese es el mismo día que en alguna parte del mundo un par de chavos ingenieros desarrollarán la tecnología para inutilizar nuestro todopoderoso domo de interferencia. Es una mala apuesta. Inservible.

Basta ir un día de visita a cualquier penal estatal o del Distrito Federal. Todo pasa: comida, gente, dinero, aparatos eléctricos, ropa, cobijas, papel de baño, drogas, medicinas y, por supuesto, celulares y tarjetas para esos celulares. Todo mediante el pago de alguna cuota a los custodios, que están ahí para que esas cosas no pasen, pero que la realidad de la prisión hace imposibles de detener. Me explico: incapaces de dar a los internos comida y cobijo adecuado no queda más que permitir que los familiares sean quienes subsidien la incapacidad del Estado. En esa marea que entra cada fin de semana entran muchas otras cosas.

A la incapacidad de proveer se une la incapacidad de gobernar. Las prisiones estatales son fundamentalmente regiones en que los internos gobiernan y las autoridades miran, tolerantes. Si sumamos a todo esto la corrupción de custodios y algunas autoridades, pues ya está.

No hay domo invisible ni barrera electromagnética que pueda con tal cóctel.

No se ha inventado tecnología que derrote la desidia e irresponsabilidad de algún gobernante. Espero que antes de gastar, el coordinador Renato Sales lo vuelva a pensar.

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