El muy lamentable asesinato de dos valiosos elementos de la Procuraduría General de Justicia a manos de un solitario y violento trailero drogadicto que protagonizó una surrealista escena digna de las peores producciones de Hollywood –Los imperdonables cabalgan de nuevo–, exhibió de mala manera las carencias descomunales tanto en los protocolos de seguridad como en el equipamiento de las corporaciones policiacas que operan en Quintana Roo.

La impactante noticia de que un chofer de tráiler detenido en las cercanías de Felipe Carrillo Puerto puso a parir a agentes de tres distintas policías luego de robar el arma de una joven agente ministerial a la que tomó como rehén para asesinarla posteriormente, ocupó las páginas principales de los medios locales y circuló a nivel nacional, provocando dolor e indignación, pero también incredulidad por la inaudita estela de negligencia.

Y es que los hechos hablan por sí solos: fue la suma de un descuido tras otro lo que provocó la muerte de los dos elementos adscritos a la Procuraduría y ante todo valiosos mexicanos.

Según la información oficial, en la detención del trailero José Francisco Gutiérrez Sorcia participaron en primera instancia Policías Municipales y agentes de la Policía Federal, que fueron quienes finalmente capturaron al energúmeno que tras una disputa laboral privó de la libertad a varios trabajadores que descargaban su camión en la comunidad de Divorciados.

Los federales llevaron al detenido al Ministerio Público de Felipe Carrillo Puerto, donde se negaron a recibir al detenido ya que no contaban con la consignación requerida. Mientras discutían el asunto, retiraron las esposas al trailero y lo ingresaron a una celda sin candado, en un descuido que desató el infierno.

En ausencia de los agentes federales, Francisco Gutiérrez salió de la celda y sometió a la agente Yuridiana Cruz, quien portaba en su bolso una pistola. El delincuente tomó el arma y huyó del lugar amagando a la joven y obligándola a subir a la patrulla –increíblemente, se encontraba encendida y sola–, acelerando con rumbo desconocido ante la mirada incrédula de los federales.  

La rehén fue asesinada con un tiro en la cabeza antes de accidentar el vehículo; más tarde, en su huida mataría a otro policía Judicial de dos disparos en el pecho, antes de ser detenido. 

La cadena de errores inició desde el momento en que los federales le quitaron las esposas y lo metieron a una celda, donde ni ellos ni la agente ministerial se aseguraron de cerrarla con candado, como dictan los protocolos de seguridad.

La patrulla nunca debió permanecer en marcha si no estaba ningún agente a bordo, además de que se supone que los vehículos de la Policía Federal División Caminos cuentan con avanzados sistemas de inhabilitación que, por lo visto, tan sólo sirven para impresionar a los incautos.

Fallaron los mandos de la Procuraduría, quienes no alertaron la peligrosidad de este delincuente. Como resultado, los judiciales estatales que estaban en retenes esperando atrapar al monstruoso sujeto no portaban chaleco antibalas ni escudos balísticos, equipo de uso obligatorio en situaciones de alto riesgo.

Tras la captura del asesino, el Procurador Gaspar Armando García Torres dio a conocer que el violento trailero se encontraba tan drogado que ni siquiera pudo rendir su declaración. Así, en ese estado, puso un baile a los agentes policiales.

En el deslinde de responsabilidades tanto los agentes federales como mandos de la PGJ podrían resultar como responsables de negligencia y ser sancionados conforme a la ley, porque los protocolos de seguridad fueron pisoteados con fatídicas consecuencias.

La irresponsabilidad con que actuaron los involucrados no debe ser soslayada ni ocultada, y las corporaciones deben apretar tuercas en  la preparación de los agentes, en la exigencia del cumplimiento de las normas y en la operatividad para evitar exponer la vida de sus propios elementos.

La despedida de los agentes de la PGJ, Yuridiana Cruz y Miguel Ángel Flores fue dolorosa y altamente emotiva. Sentimientos de rabia, de impotencia contenida, eran visibles entre sus compañeros que rindieron honores a estos elementos que cayeron en el cumplimiento de su deber.

Pero el mayor dolor, el que lacera el alma, lo provoca el hecho de que esas muertes nunca debieron ocurrir.

La Héroes y sus adversarios

Dos inauguraciones con bombo y platillo han atraído a cientos y cientos de clientes en Chetumal: Home Depot –sobre la avenida de los Insurgentes– y Súper Aki, ubicada en la avenida Carranza.

Home Depot provocó una avalancha que no ha cesado, confirmando que el sureño acepta este tipo de propuestas comerciales muy bien identificadas, sobre las condiciones económicas tan complicadas para las mayorías.

Poco después abrió sus cuentas Súper Aki, en las instalaciones ocupadas originalmente por San Francisco de Asís. Previamente efectuaron unas labores de remodelación a profundidad que incluyeron la construcción de un área de estacionamiento de primera línea. 

La mención de estos acontecimientos comerciales es obligada para hablar de lo que acontece en la avenida de Los Héroes, ubicada en pleno centro de Chetumal y que tuvo sus décadas de gloria hasta mediados de la década de los 80, sin que los comerciantes hayan dado el salto a la modernidad para enfrentar la agresiva competencia.

Porque no basta la remodelación de esta avenida para atraer a los visitantes, ya que la oferta debe ser irresistible y completa. Apostarlo todo a la nostalgia puede provocar un despertar muy amargo.

Ley del embudo a  candidatos independientes

Aunque en su momento las candidaturas ciudadanas o independientes contempladas en la reciente Reforma Política se vendieron como un significativo avance de la democracia tanto a nivel federal como local, es un hecho que no resultaron como se esperaba, pues la rigurosa reglamentación cierra las puertas a cientos de ciudadanos interesados en participar en política lejos de los partidos.

Los obstáculos que impone el Instituto Nacional Electoral (INE) para quienes aspiren a contender por una diputación federal de manera independiente son pruebas muy difíciles de superar, ya que además del apoyo del dos por ciento del padrón electoral del Distrito por el que piensen competir –lo que de entrada es complicadísimo de conseguir–, inventaron una intrincada serie de reglas exigiendo un porcentaje específico de apoyo en los cientos de regiones que integran los Distritos.

Vamos, que aquel ciudadano que tenga los recursos económicos y el deseo de ser candidato, tendrá que recurrir a los servicios de un matemático experto para cubrir la intrincada numeralia que exigen como requisito las autoridades electorales.

Para colmo, la norma señala que en el casi imposible escenario de que un ciudadano cubra los requisitos del INE, recibirán un financiamiento máximo de 112 mil pesos para su campaña, mientras que a los aspirantes de los partidos les autorizaron gastar el doble en su precampaña, aunque esta limitante es motivo de burlas.

Con ese terreno tan disparejo, lo que se pretende en realidad es mantener la dictadura partidista y cerrar las puertas a los ciudadanos, eso sí, todo bien oculto bajo una máscara de apertura democrática.

Tan sólo el ex alcalde chetumaleño Andrés Ruiz Morcillo puede ir contra corriente, deshaciéndole de una minúscula parte de sus ahorros. Pero no cualquier mortal puede lanzarse al ruedo en este costoso pago por evento.

Un viernes de cada mes sin maestros

Un viernes de cada mes sin clases en escuelas de nivel básico, al menos en Chetumal. Aquí ya andamos mal, porque supongo que esta rutina no la tienen en países donde la educación marcha muy bien y es motivo de orgullo y, ante todo, el cimiento para el desarrollo armónico de aquellos pueblos.

Nuestros maestros dejan tirada la chamba para efectuar supuestas evaluaciones cuyos frutos no encuentro por ningún lado.

Propongo que sus encuentros sean a puertas abiertas, para determinar si vale la pena interrumpir las clases un viernes de cada mes.

No cambiamos y seguimos en esta ruta descendente.

Frenan puñado de gasolineras

Cuando ya proliferan como la maleza en un lote baldío abandonado, fue desechada la construcción de 20 estaciones de servicio en Quintana Roo y tan sólo fueron autorizadas cuatro, según la nota de Claudia Martín publicada este viernes como principal en Novedades Chetumal.

A estas alturas hay gasolineras en exceso en todas las zonas urbanas de Quintana Roo, destacando Chetumal y Bacalar. En su gran mayoría la inversión es foránea y el común denominador es la tendencia delictiva de los gerentes, quienes ordenan la calibración de las bombas despachadoras de gasolina para entregar litros incompletos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debe intervenir para meter en cintura a los gerentes que encabezan estos actos delictivos, imperdonables porque el conductor está pagando el combustible a precios de escándalo, pese a que somos una potencia petrolera.

Y mientras la Profeco vacaciona en las playas del Caribe, el robo hormiga de gasolina ocurre en la infinita mayoría de las estaciones de servicio, a grado tal que en algunas se presume honestidad a los cuatro vientos, dando por hecho que es la gran ausente.