Lugar común son los comentarios sobre el error de empalmar la agenda de la reforma secundaria educativa con la energética. Todos, absolutamente todos, saben que el país demanda una reforma profunda en materia de energía. Hay opciones diferenciadas, las que se corresponden a las tres principales fuerzas; de manera abrumadora los ciudadanos aceptan los cambios, pero no saben cuál de éstos.

A diferencia de los políticos, la postura de las personas no pasa por la ideología, sino por la economía. Lo que quieren es que las cosas funcionen mejor, que se generen empleos, igualdad, oportunidades y, de paso, que disminuyan los precios de las tarifas y combustibles.

Próximamente, por razones de calendario, habrá también iniciativa de reforma hacendaria. Ya se sabe que no se pueden cobrar impuestos si éstos no pasan por una definición clara de su destino y garantía de buen manejo.

El país no puede avanzar con gobiernos en bancarrota; aprieta más la situación en los municipales y estatales, los que inciden de manera directa en el bienestar de la población; problemas tan elementales como la inseguridad, educación, agua y salud ocurren por las dificultades financieras y son mejor atendidos por las autoridades próximas a las personas, a contrapelo del centralismo.

La opinión pública no resiste con facilidad la provocación de los maestros radicales de la CNTE. Exige aplicación de la ley y esto ocurriría si el PRD no hiciera de esto un tema en la negociación y si la opinión pública no se pasara al otro lado cuando las autoridades actúan. 

Lo cierto es que la salvaguarda del proceso de negociación incluyente ha vuelto rehén al Congreso y a la ciudad de un grupúsculo de revoltosos y provocadores, funcionales en su empeño de los privilegiados, quienes no quieren los cambios. Es impopular, costoso y desgastante, pero las autoridades, la del DF y la federal, han actuado con acierto para salvaguardar lo más importante.

El PAN pretende significar costos al gobierno del DF y al federal. Oportunismo y desmemoria. Se olvida que los precedentes más oprobiosos ocurrieron durante sus gobiernos. Allí está la fiesta de los machetes que impidieron la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México en el mejor momento de la presidencia de Vicente Fox; también habrá de recordarse los hechos en Oaxaca al inicio del gobierno del presidente Calderón o si se quiere la toma de Reforma por las huestes de López Obrador. 

Nadie, ni PAN, PRI o PRD, puede lanzar la primera piedra. La complacencia ha sido generalizada y en parte tiene que ver porque las autoridades padecen complejo de culpa por la represión ilegítima en el pasado. Son escasos los ejemplos de ejercicio de autoridad; allí está la recuperación de las instalaciones de la UNAM con Ernesto Zedillo o la acción de Atenco con Enrique Peña Nieto, gobernador. En ambos casos, el mejor policía de México estuvo presente, Wilfrido Robledo.

Lo que ocurre es el resultado de toda una historia de impunidad. Los manifestantes no solo tienen la convicción de que nada habrá contra ellos, sino que hasta su sueldo habrá de recibirse no obstante el abandono de su trabajo y de su responsabilidad. Quienes intimidan, amenazan, cierran carreteras, vapulean instituciones, dañan el patrimonio público y privado son remunerados en sus respectivos estados y los líderes son objeto de privilegio en su trato con las autoridades. ¿Para qué cambiar si así les va tan bien?

Sería muy útil que el dirigente del PAN cuidara un poco más las palabras. Le sucede lo mismo que a los del PRD, para ganar terreno a sus competidores internos hacen de la agresión verbal recurso para acreditar independencia del gobierno y carácter en la negociación. Baladronadas que a nadie engañan y desgastan la política y las instituciones. 

Igual sucede con el presidente del Senado, Ernesto Cordero, quien despojado de la coordinación parlamentaria le da por capitalizar una derrota que es causa de todos. Cierto es que los senadores del PAN y del PRI tienen razón para sentirse traicionados por sus pares del PRD; los diputados, a solicitud del PRD, acordaron posponer para el ordinario la aprobación de la Ley del Servicio Docente y en el Senado solo la esposa de Jesús Ortega vota con el PRI y el PAN a favor de las leyes ordinarias en materia educativa.

El país camina al futuro con el peso de sus propios fantasmas. Hacer valer la ley lleva a un camino sinuoso, situación que deberá desaparecer. La democracia puede coexistir con la represión legítima, además obligada por razones de mandato. 

Por lo pronto la determinación de llevar a buen puerto a las reformas se ha vuelto oportunidad para que, por igual, aventureros o anarcos pretendan imponer su voluntad a costa de todos y del justo y obligado anhelo de un mejor porvenir.