Es una sorpresa que la embestida contra el IFE ahora la haga el PAN. Si hay un partido que de origen haya planteado una autoridad electoral independiente y autónoma ha sido Acción Nacional. La cuestión no solo era sacar al gobierno del control electoral, sino de cualquier factor de poder que interfiriera con el criterio de imparcialidad y profesionalismo en la organización de los comicios. 

Sacar al gobierno se logró en 1996 con un Consejo General que sumaba parcialidades, pero que la autoridad moral y carácter de su consejero presidente, José Woldenberg, le permitió acreditar un desempeño ejemplar, como ayer lo recordara en este espacio Joel Ortega.

La idea de una autoridad electoral única en la organización de las elecciones la sometería a un desgaste brutal. En el PAN prosperó la tesis de Felipe Calderón de ver en los gobernadores al enemigo. Se cree que con la centralización de las elecciones se resolvería la cuestión. 

El IFE es confiable en elecciones federales; los comicios locales son batallas cuerpo a cuerpo, en un entorno ajeno a la homologación centralista, donde es inevitable la controversia y el desgaste de todo y todos, iniciando por quien organice los comicios.

Los enemigos más importantes del IFE y del Tribunal Electoral son la cúpula de los partidos políticos. La reforma de 2007 fue perversa en la medida en que los partidos ganaron no solo con una integración del Consejo General a modo, eliminando, además, el principio de inamovilidad. 

También establecieron restricciones para que las autoridades electorales no pudieran velar por la democracia interna, bajo la discutible tesis de que los partidos son autónomos. No importa que tengan el virtual monopolio para acceder al cargo de elección o que sean financiados por la sociedad. 

Los partidos exigen mucho del IFE, de los gobiernos y de la sociedad, pero han hecho muy poco, incluso han retrocedido para abrirse a la legalidad y a la democracia internas.

Los tres partidos principales, casi siempre polarizados y confrontados, se unen cuando se trata de defenderse del enemigo común. Bien cuando se trata de mantener a raya a los poderes fácticos, como la televisión monopólica. Tampoco estuvo mal que los partidos pequeños tengan que pasar por la prueba de los votos, pero mal cuando se obstruye la creación de nuevas fuerzas políticas. 

Muy mal cuando la pretensión de equidad se hace a costa de las libertades ciudadanas o cuando la embestida se vuelve coartada para apoderarse del órgano electoral.

Las dificultades para la designación de consejeros resultan de la disputa que hay en los partidos para nombrar afines. Los partidos insisten en que la única opción de imparcialidad es la suma de parcialidades, tema que viene de origen; la ausencia de un consejero presidente de la solvencia de Woldenberg lo ha impedido. 

Luis Calos Ugalde intentó hacer valer el interés del IFE, pero su cercanía real o aparente con Elba Esther lo aisló del PRI, el presidente Calderón se desentendió y el PAN lo vio como una ficha a sacrificar en el afán de ganar legitimidad frente a López Obrador en la secuela de las elecciones presidenciales de 2006.

Con la remoción de los consejeros en 2007, el IFE ingresó a su peor momento. Las referencias de corrupción se hicieron reiteradas; su consejero presidente, Leonardo Valdés, cayó en la trampa que le impusieron las nuevas reglas que le permitían la reelección en el cargo al no provocar el enojo de los partidos. Casi la totalidad de los integrantes del consejo actuaron en afinidad al partido que los promovió. 

El IFE cayó en desprestigio por la indefensión a la que le llevaron sus consejeros. Para Leonardo Valdés era más fácil responder públicamente a sus críticos que reconocer los efectos negativos por la omisión de la Cámara de los nombramientos de consejeros. La respuesta del Consejo General en repetidas ocasiones a la denuncia de su contralor, Gregorio Guerrero, es un episodio vergonzoso.

Las expresiones más evidentes del deterioro del IFE se muestran en su última sesión con todos sus consejeros. El ofensivo autoelogio elude una grave responsabilidad política de quienes se van y se quedan. El consejero presidente se quedó solo en la exigencia de aprobarla redistritación. Las razones aducidas para no hacerlo miden la incapacidad para cumplir con la ley y honrar la investidura que ostentan. 

Pusilánimes frente a los partidos se desentienden de su obligación de decidir y resolver; sin argumento válido decidieron, casi por unanimidad, esperar a lo que decidan los partidos en el Congreso. Los efectos del apoderamiento de los partidos del IFE es un Consejo General mocho, un consejero presidente mensual y un acuerdo legislativo de partidizar abiertamente las futuras designaciones. 

No hay duda, los partidos han ganado la batalla al IFE frente a la indolencia de unos y otros. Ahora, por si fuera poco, lo que queda es dar la razón a la cúpula del PAN de una autoridad electoral única.