Lo que se denomina la narcopolítica es un conjunto menor dentro de un problema mayúsculo que es la influencia del dinero en la política. Más allá de lo aberrante del ejercicio del narcotráfico, la permeabilidad entre fronteras, del movimiento de fondos ilegales, de la recurrencia sistemática a la intimidación y al asesinato, lo que sí queda claro es que, en última instancia, se trata de la utilización nociva del dinero para alterar la lógica de las decisiones políticas.

En ese contexto, la denominada narcopolítica tiene un papel sustantivo porque, además del dinero que llega a la política en general, llega como dinero sucio, no reconocido, es un dinero que debe ser manejado en silencio. Si ya es absurdo un sistema de financiamiento de partidos, donde los grandes grupos pugnan por tomar el control de un partido político, mucho más grave es cuando no se sabe quién lo hace y cuando los recursos son casi ilimitados.

Se le llama poder fáctico a la capacidad de ciertos grupos para influir en las decisiones políticas de una sociedad sin tener un poder político, con el objetivo de conseguir beneficios individuales sin importarles el resto de la población. Dentro de estos grupos con poderes fácticos se encuentran los caciques locales, el ejército, clero, los latifundistas y los empresarios. Además de los grandes sindicatos, los monopolios públicos, oligopolios, las empresas dominantes y, en el ámbito de la ilegalidad, el crimen organizado y el eminentemente el narcotráfico.

Muchos estados son dominados por estos poderes, llegando a poner en tela de juicio la soberanía nacional. El estado Mexicano no está exento de este problema. El gobierno a través de los años, ha otorgado a ciertos grupos, permisos o ventajas para la posición del poder, con el fin de que supuestos políticos lleguen a sentarse en la silla presidencial. El ejemplo más claro es el poder que se le ha brindado al narcotráfico.

Nuestra arquitectura constitucional sólo establece y reconoce tres poderes de la Unión en todos los ámbitos de la Federación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pocos se ocupan de la existencia de los poderes de facto, aquellos que no tienen ningún referente constitucional ni jurídico, pero cuya presencia es decisiva a la hora que se determinan los rumbos de la economía y las finanzas, los programas y políticas de gobierno, los hombres y los nombres de los partidos que pueden aspirar a la Presidencia de la República, a las gubernaturas y las principales alcaldías.

No se considera pertinente ocuparse de ellos, porque son temibles y temidos. Precisamente porque influyen mucho, pero al margen de la ley, del Estado de derecho y todo ese discurso demagógico que pusieron en boga los que decidieron, en un arranque de autismo político, despojar a la ciudadanía del derecho de elegir o no a sus representantes populares.