Lo dijo, así de claro y de contundente, el encargado de la seguridad en la capital de todos los mexicanos.

No suelen expresarse con tan ejemplar transparencia nuestros hombres públicos. Pero Jesús Rodríguez Almeida fue más allá y declaró también que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal actúa, en muchos de los casos donde se cuestiona la intervención de las fuerzas policiales, de manera sesgada.

Vaya, pues ha sido un funcionario de un gobierno de izquierdas en una ciudad progresista quien ha puesto los puntos sobre las íes: ahí donde tantos otros, de las más diversas proveniencias, se abstienen cuidadosamente de soltar las verdades que los comunes mortales sospechamos, este señor no se ha andado por las ramas.

Pero, ¿de qué estamos hablando? Pues, de una suerte de tradición nacional de ocultamiento de ciertos temas. Asuntos que nuestros gobernantes y funcionarios no pueden tocar, bajo pena de ser ferozmente denostados. Y, ¿cuáles son esas cuestiones, tan espinosas y peliagudas? Son cosas que nosotros los ciudadanos de a pie soltamos alegremente en la sobremesa o en cualquier charla de café, señoras y señores.

Apreciaciones que, en algunos casos, se derivan de prejuicios o de la simple ignorancia pero que también pueden contener una sustanciosa dosis de sentido común. Dictámenes perfectamente personales y particulares que, yendo de lo esperpéntico a lo razonable, tienen por denominador común la condición de no encontrar eco alguno en el acartonado discurso de los hombres públicos, tan ajenos a la gran mayoría de nosotros que pareciera que gobiernan otro país y que viven otras realidades.

Naturalmente, no se trata de consagrar públicamente la barbarie privada: si tú le preguntas a mucha gente, te dirá que a los delincuentes hay que ahorcarlos o matarlos sin mayores trámites y aunque esta postura sea entendible a partir del enojo del ciudadano indefenso no se puede volver una acción concreta de gobierno. 

No es tampoco admisible instaurar la pena de muerte por más que millones de mexicanos parezcan aceptarla. Pero, entre las fantasías de autoritarismo justiciero de tantas personas y las demandas sensatas de tantas otras, tiene que haber un punto de encuentro con los funcionarios. 

Los taxistas de Ciudad de México están verdaderamente hartos de los bloqueos y cierres de calles. ¿No hay manera de regular las manifestaciones para que no afecten directamente a miles y miles de automovilistas, comerciantes, amas de casa, niños y empleados que no tienen nada que ver?

Y, antes que nada, ¿no puede salir, por ahí, un representante de nuestras autoridades a decirnoslo que deseamos escuchar, a saber, que ya basta de tanto desorden, que el caos no es un sistema adecuado para convivir, que el orden público es importante y, sobre todo, que las turbas de provocadores y las hordas de violentos no tienen más derechos que la inmensa mayoría de la población?

¿En qué momento hemos visto que un funcionario del Gobierno de Ciudad de México declare que está dispuesto a poner un alto, a tener firmeza y a aplicar la ley siendo que es precisamente eso, orden y seguridad, lo que los ciudadanos desean y en lo que parecen estar conjuntamente de acuerdo?

Hasta ahora, ha sido el mundo al revés: mandan aquí los encapuchados incendiarios, los revoltosos, los vándalos y todo aquel que esté dispuesto a poner la ciudad de cabeza. ¿Por qué son ellos los que se imponen, por qué la tibieza, por qué el consentimiento, por qué la renuncia a ejercer la autoridad, por qué la permisividad y, dicho más directamente, por qué la cobardía?

Supongo que la incapacidad de los ciudadanos para organizarse colectivamente y su no menos censurable pasividad explican en parte el asunto. Y ya sabemos, de cualquier manera, que nuestro “sistema”, en una interesada —y deliberada— confusión de sus atribuciones, no quiere parecer “autoritario” ni “represor”. Pues bien, las declaraciones del señor Rodríguez Almeida nos aportan una brizna de esperanza a quienes esperamos que los gobernantes gobiernen de verdad.