Frente a la descomposición de las policías, las fuerzas armadas han tenido que realizar tareas de seguridad pública. Se suponía que sería temporal y ocasional. Ha pasado demasiado tiempo y la situación tiende a prolongarse y verse como una solución razonable y conveniente.

Todo lo contrario: las fuerzas armadas tienen tareas más importantes e insustituibles, además, no están para hacer funciones de policía, los riesgos son altos y en demérito del mismo Ejército y Marina.

El caso del general Tomás Ángeles Dauahare es un llamado de atención que debe atender el mando civil. Ahora se hace evidente lo que Carlos Marín señaló desde el momento de la detención: la fragilidad de los cargos contra el militar; más aún, se acumulan pruebas de que la PGR dejó la justicia y consintió el ajuste de cuentas al interior de la cúpula militar.

La negligencia del expresidente Calderón queda al descubierto. Como las heridas internas, no son muy visibles, pero el daño allí está y no es menor.

El mando civil es responsable de la seguridad pública. Así debe ser en toda democracia. Los militares están para auxiliar y coadyuvar, no para reemplazar al gobernante en el cumplimiento de esta delicada tarea.

Las fuerzas armadas continúan con alta estima en la población y la disciplina y valores de sus miembros son garantía de lealtad. Es explicable que militares estén a cargo de la seguridad en algunas partes del país, pero esto no excluye la responsabilidad última del mando civil, del funcionario electo, aquel que buscó votos y se comprometió resolver problemas y atender las demandas de la población. Esta responsabilidad es indeclinable e intransferible.

Son muchos los errores conceptuales y de ejecución de la lucha contra el crimen organizado por el gobierno del expresidente Calderón. No se requiere enviarlo a la hoguera, simplemente de tener claridad de lo que debe hacerse en lo sucesivo para no reincidir en lo que está mal.

El esfuerzo por tener buenos policías adquiere la más elevada prioridad. La tarea no se agota con una gendarmería de excelencia; se requiere que en los estados y las ciudades existan policías confiables y respetados por su integridad.