Si usted choca en su automóvil en el Distrito Federal es muy probable que en menos de tres minutos se aparezca un policía. Es también muy probable que alguna cámara haya registrado el incidente.

Si eso le sucede en la mayoría de las ciudades pequeñas del país, su experiencia será diferente.

No hay mucho misterio: el Distrito Federal tiene 9.9 policías por cada mil habitantes. Están distribuidos según un plan controlado centralmente. Tienen equipo de comunicación, un plan, un objetivo. El resto de los municipios tiene en promedio 2.7. Eso nos cuesta dinero a quienes vivimos en la capital, pero es uno de los factores que ha ayudado a mantener a la ciudad relativamente blindada frente a la ola criminal que viven otras zonas del país.

El principio de cualquier estrategia para prevenir la delincuencia y abatir la violencia es la policía. La cantidad y calidad de la estructura policiaca.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (noviembre de 2011) hay en el país 480 mil elementos policiacos. De estos, el 37 por ciento son policías municipales, 44 por ciento policías estatales y un 6 por ciento policías ministeriales locales. Es decir 9 de cada diez elementos policiacos están en el ámbito estatal y municipal.

El 60 por ciento de los 160 mil policías municipales ganan cinco mil pesos al mes o menos. La mitad tiene más de 35 años de edad y siete de cada diez tienen solo educación básica. Nueve de cada diez corporaciones municipales tiene 100 o menos elementos para cubrir 24 horas, siete días a la semana, 52 semanas al año. No nos gastamos poco. Solo en gasto federal a través de diferentes programas (Subsemun, FASP, Fortamun) llegan unos 20 mil millones de pesos anuales.

Pero, tal vez, el dato que más importa es el obvio: nuestros presidentes municipales duran tres años sin posibilidad de reelección. Es decir que cada tres años esa corporación policiaca municipal cambia de liderazgo y, por qué no, de estrategia y rumbo. No hay manera.

Nuestra crisis inicia con nuestra arquitectura institucional. A veces nuestra Constitución hay que leerla en círculos.

Dice el artículo 115:

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: (H) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito

Y dice el 21: La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta constitución señala.

En el sexenio pasado la idea de hacer una verdadera reforma y crear una policía nacional fue descartada de inmediato ante lo que se vio como una batalla política imposible de ganar.

Después se propuso la creación de policías únicas estatales, a lo cual los municipios se resistieron vigorosamente.

De ahí se pasó a la propuesta del llamado mando único, que volvió a anunciarse el lunes en Chihuahua durante la reunión de gobernadores. Ahí el presidente Peña Nieto pidió a su secretario de Gobernación que explorara los rumbos legales de la propuesta.

La verdad es que no hay demasiadas opciones.

Sin un cambio constitucional es imposible hoy, por la oposición de los municipios; la única manera de lograr algo así como un “mando único” es con base en acuerdos de cooperación en que municipio por municipio vayan “cediendo” voluntaria y temporalmente el mando de parte de su policía al estado o la Federación. Y, por cierto, esa cesión habría que frasearla de manera que no sea impugnable, ya que no es tan fácil renunciar a atribuciones constitucionales.

Sin el cambio constitucional los recursos tendrían que seguir canalizándose a cada municipio, es decir que la autoridad municipal le pagaría a los policías que responderían a las órdenes de otros. Y los convenios de cesiones de mando tendrían que ratificarse cada tres años con una nueva administración. Con el riesgo, por supuesto, que un nuevo presidente municipal simplemente no quiera ceder el mando y lo trabajado se tire a la basura. ¿Debemos invertir en un esquema con esos grados de incertidumbre? ¿Es posible construir una fuerza policiaca efectiva de esa manera?

Por el tamaño del país y el carácter de nuestro problema criminal, tal vez sea cierto que sería complicadísimo armar y controlar una policía nacional. Tal vez.

Y puede ser que lo mejor sea reconstruir nuestra capacidad policiaca a través del municipio. Después de todo es la “base de (nuestra) división territorial y de su organización política y administrativa”, dice el 115. Yo no sabría por dónde empezar, pero tal vez hay por ahí algún iluminado.

Lo que sí sé es que ese bodrio donde unos mandan, otros pagan, todos opinan, sin capacidad de planeación a mediano o largo plazo y poca capacidad de construcción institucional es una apuesta a continuar el desastre.

Twitter: @puigcarlos