24 de Mayo de 2018

Opinión

Ya marcharon

Lo mejor sería castigar a los vándalos que se asumen como 'anarquistas'.

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Ahora sí que la cosa se pone buena, ya que los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PVEM en la Cámara de Diputados desempolvaron un dictamen de reforma a la Constitución que define el derecho a la movilidad, pero que en realidad autoriza “al Estado a buscar mecanismos alternativos” al ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación y a regularlas mediante una ley general.

O sea, regular las marchas de protesta en la capital del país y en cada uno de los 31 estados. Lo mejor sería castigar a los vándalos que se asumen como “anarquistas” y que, en realidad, sólo son unos pandilleros, vividores y tránsfugas de la ansiada democracia.

El 23 de abril pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución, con la finalidad de incluir el derecho a la movilidad, aunque el documento fue congelado en la mesa directiva.

Pero el lunes, en el contexto de las movilizaciones en todo el país para demandar la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, esos partidos incluyeron el tema en el orden del día.

Sin embargo, la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales –con el voto perredista– hizo una adición al dictamen, para que el Congreso “establezca las bases para hacer efectivo el derecho” a la movilidad, con la “expedición de una ley general, en un plazo no mayor a 180 días”, y para que los congresos de los estados modifiquen sus legislaciones en ese mismo sentido.

Diputados de PRD y Movimiento Ciudadano, que en abril aprobaron el dictamen, aclararon que el contexto social del país era otro en ese momento, además de que la enmienda original buscaba garantizar la movilidad urbana como una necesidad básica, en el contexto del crecimiento del transporte particular. Ahora, alertaron, se trata de una reforma políticamente incorrecta.

PRIMERA CAIDA.- Ante esa redacción, la diputada perredista Graciela Saldaña Fraire preguntó: “¿Desde cuándo un derecho humano constitucionalmente establecido debe reglamentarse? Resulta perverso y nada casual que ante las manifestaciones masivas hoy se proponga dar paso a una ley para reglamentar la movilidad. Estamos en riesgo de aprobar una ley que enmascare la regulación del derecho al libre tránsito y a la protesta social y, en consecuencia, a la represión oficializada”.

SEGUNDA CAIDA.- Ricardo Mejía, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y vice coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que si bien él aprobó el dictamen a una iniciativa del PAN, lo hizo porque se trataba de una propuesta “progresista”, a la que ahora se le cambió el sentido.

TERCERA CAIDA.- En la coyuntura política y social que vive el país, este dictamen es inoportuno. La reforma bien puede utilizarse como una coartada para la represión.

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