La aprobación de la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Evaluación Educativa  (INEE), dos de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, fue un avance contundente en el propósito de elevar la calidad educativa en este sexenio. 

Con el sello de la CNTE, el Poder Legislativo fue acorralado y expulsado de San Lázaro forzándolo a instalar la sesión extraordinaria del Congreso de la Nación en una sede alterna, pero, más tarde, los diputados se cobraron la afrenta clavándole mortal estocada a la Coordinadora de maestros con la aprobación de dos de las tres leyes.

En vez de una Cámara de Diputados, lo que allí se formó fue una gran “Cámara Húngara” que hirvió ante los reclamos perredistas y las mutuas acusaciones de cobardía entre el PRI y el PAN por haber excluido del orden del día la Ley del Servicio Profesional Docente. Fue un verdadero desastre ante la falta de diálogo y la conducta intolerante de quienes se dicen representantes del pueblo. 

La hiriente estocada fue puesta con el mayoriteo del PRI, PAN y el voto de algunos perredistas como Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán, Amalia García, Silvano Aureoles, y Purificación Carpinteyro. Con la aprobación de estas dos leyes quedó implantada la Evaluación del sistema educativo nacional y en consecuencia la evaluación obligatoria de los maestros. 

El deslinde público de la dirigencia y la bancada perredista a las acciones de la CNTE sonó a traición y ahora sólo es cuestión de días para la puntilla final. Si la coordinadora piensa que ganó la batalla: mal; sólo ganó unos días más de agonía y desgaste que, más temprano que tarde, los enfrentará a su realidad: la evaluación y sus consecuencias. 

Pero, cuidado, aún en agonía, sus estertores son letales; no sólo acorralaron al Legislativo, sino también paralizaron las sedes del Poder Judicial e hicieron que se cambie al lunes el mensaje que ofrecerá el presidente Enrique Peña Nieto con motivo de su primer Informe de Gobierno. 

Urge bajarle la presión a este conflicto, basta cambiar la separación del servicio sin responsabilidades, por una capacitación permanente del maestro y que los gobiernos involucrados en el conflicto asuman de una vez su responsabilidad educativa.