Me levanta algunas ampollas el reporte anual de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF): según ellos, la situación de la prensa, en México, sería la misma que vive Venezuela. 

Es más, la página de internet de la antedicha asociación exhibe un mapa donde nuestro país aparece en el lugar 152 mientras que la prensa venezolana, acosada y perseguida por el régimen del señor Maduro, merece el puesto 116 (en una clasificación ascendente cuyos primeros lugares —Finlandia, Países Bajos y Noruega— corresponderían a aquellas naciones donde la labor periodística se ejerce con la mayor libertad). 

Estamos también por debajo de Argentina (55), Bolivia (94), Ecuador (95) y, agárrense ustedes, Rusia (148). Las embestidas contra los medios de comunicación perpetradas por personajes tan poco resistentes a la crítica como Vladímir Putin, Cristina Kirchner o Rafael Correa —que, por si fuera poco, se han servido del aparato del Estado, o sea, del poder mismo, para acallar las voces de sus opositores— no parecen importar demasiado en las evaluaciones de RSF. Pero, entonces ¿cuál es el factor que más peso tiene? La muerte de periodistas, señoras y señores. 

Un tema que no es sólo insoslayable sino totalmente determinante en la elaboración de los informes. Y, en este sentido, México sería en verdad un país de alto riesgo para todo aquel que, fuera del preservado espacio de una capital donde se puede ejercer la denuncia sin mayores problemas, pretende simplemente consignar la realidad de las cosas en las zonas asoladas por las organizaciones criminales.

Y esto nos lleva, justamente, a hacernos una pregunta: ¿quién mata a los periodistas? Pues, en México los informadores son asesinados por los delincuentes, hasta nuevo aviso. Reciben amenazas, en un primer momento, y si perseveran en sus investigaciones —o, meramente, en dar a conocer la situación que se vive en sus localidades— son secuestrados, torturados y cruelmente ejecutados. Es algo tan atroz como infame. 

Muy bien, pero, ¿se puede comparar la realidad de un país que padece los embates de las mafias —y que, sin embargo, no ejerce ningún tipo de censura a los medios— con la de esas otras naciones donde gobiernos crecientemente avasalladores o declaradamente antidemocráticos persiguen a la prensa independiente? 

Dicho en otras palabras, ¿se puede equiparar el terror de los delincuentes a la intimidación del Estado y, habiendo ya decidido —por lo visto— que la violencia perpetrada por los primeros es más amenazante, desconocer que en un país como México —más inseguro de necesidad para la profesión, es cierto— no existe una censura oficial y que, por lo tanto, hay más libertad de expresión que en los otros?

Creo, con perdón, que una organización internacional de periodistas debiera ser absolutamente capaz de advertir las diferencias. Porque, más allá de lo terrible que pueda ser el hecho de que a un reportero de Ciudad Juárez o de Tijuana lo asesinen, la realidad de un presidente, como Maduro, que interviene para clausurar una cadena de televisión o para asfixiar a la prensa escrita dificultándole la compra de papel me parece, por lo menos, absolutamente inquietante.

Y esa circunstancia —que se manifiesta de manera global, no lo olvidemos— de que en un país sea difundida públicamente una presunta verdad, una sola, y que esa única versión de las cosas sea promovida, encima, por el poder político, esa circunstancia, lo repito, debiera ser también concluyente, aparte de preocupante, para una asociación gremial que promueve la libertad de expresión.

Ah, y a propósito de Nicolás Maduro, resulta que la prensa mexicana ha salido un poquitín salpicada en los últimos días: el personaje tiene aquí su cofradía de ardorosos incondicionales. Gente a la que el modelo de una prensa servil y sojuzgada, al servicio del Gobierno, le parece no sólo deseable sino imperativo. 

Pues bien, cuando, en un medio local, algunas voces señalaron que cierto periódico (no digo más porque hay ahí gente muy susceptible; como ven ustedes, me autocensuro espontáneamente) apoyaba las políticas represivas del presidente venezolano, la directora de ese diario pro Maduro intervino para solicitarle al dueño del espacio donde aparecieron las denuncias que, por favor, dejaran de consignar tan impertinentes señalamientos. 

Y el tal patrón se apresuró a darle gusto a la señora. ¿Resultado? La renuncia de varios columnistas y del mismísimo director del periódico La Razón.

Mucho me temo que vamos a descender todavía más en la lista de Reporteros sin Fronteras.