No se entiende la embestida de Ebrard contra Mancera: ¿cuándo fue que la tramitación de un asunto estrictamente jurídico y técnico —ineludible, además, por la fuerza de las cosas: digo, el metro de la línea 12 dejó de funcionar— se volvió un tema político?

¿Por qué suponer, e interpretar, que las investigaciones sobre algo que está ahí, tan grande como una casa, llevan una suerte de dedicatoria personal —y que hay intereses que trascienden la obligación de aclarar las cosas, exigir cuentas, deslindar responsabilidades y, finalmente, castigar a los culpables— y, en consecuencia, exigir que el actual jefe del Gobierno del Distrito Federal se preste a una suerte de combate singular —un debate, dicho en términos más elegantes— para que el honor de su antecesor no quede mínimamente en duda?

Y, de cualquier manera, ¿de qué podrían discutir los dos, en la arena pública? ¿Del peso de los vagones? ¿Del ancho de las vías? ¿Del trazado de los carriles? ¿De la distancia de los ejes de rodamiento? ¿Del desgaste de los rieles en las curvas?

Mancera, muy sensatamente, dice que el tema no va por ahí y añade, para los que quieran enterarse, que será muy valorada la colaboración de quienes tengan datos valiosos sobre tan morrocotudo problema.

En este sentido, Ebrard podría tal vez aportar la información que no proporcionó ayer en su fugaz conferencia de prensa; decirnos, por ejemplo, por qué se celebró el contrato de arrendamiento con la empresa CAF, por qué la Secretaría de Obras no realizó el proyecto, por qué se creó un organismo desconcentrado con atribuciones propias y por qué se dilapidaron tantos recursos públicos.

Y eso no sería política. Sería simple transparencia.