Ignoro si esté bien o esté mal, ya que no soy jurista, pero sí me parece prolijo y difícil de cumplir todo el trámite que se tiene que hacer para registrar una candidatura independiente en Yucatán (y en México), de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.

Me da la impresión –a lo mejor soy malpensado- que los legisladores, todos emanados de algún partido político, se pusieron de acuerdo para establecer los más obstáculos posibles a quien quiera postularse por conductos ajenos a los suyos y que lo hacen pensando en que una sociedad cada vez más demandante pudiera establecer una cabeza de playa en lo que hasta ahora es monopolio de sus siglas y desde ahí hacerles lo que cuando niños conocíamos como sacamanteca: empujarlos hasta dejarlos fuera.

Ya desde la Constitución (Art. 34, inciso II) empiezan los problemas, pues aunque señala como uno de los derechos de los mexicanos “poder ser votados para todos los cargos de elección popular…”, luego dispone que deben cumplir “los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”. Y la legislación pone “enemil” requisitos, condiciones y términos hasta para desanimar al más ferviente candidato a ser autoridad sin un cobijo partidista.

Ya desde el porcentaje de adhesiones que piden para hacer valer la candidatura comienzan las dificultades (en algunos casos de autoridades municipales hasta del 15%), pero luego está la comprobación de todos y cada uno de los abajofirmantes y no para ahí la cosa porque otro punto en contra es el del financiamiento y su comprobación. Todo eso quizá estaría bien –aunque hay sus asegunes- si los partidos se lo aplicaran a ellos mismos y sus finanzas, pero ya vimos cómo sus dirigentes se dan vida de reyes y a nadie rinden cuentas o si las rinden es a su modo y en sus términos y si los sancionan les dan chance de pagar “en abonos chiquititos”.  

No es que quiera manga ancha, pero tampoco vía estrecha, ni atole con el dedo. Con que sean mexicanos con  derechos constitucionales a salvo y comprueben un modo honesto de vida es más que suficiente. Digo.