Tras el motín en la cárcel de Cancún a mediados del mes pasado, en redes sociales y mensajes vía celular anuncian falsas riñas y otros desórdenes con inusitada frecuencia. Provienen del recinto penal: Son internos que pretenden desinformar, confundir, medir la reacción de las corporaciones. Incluso el Servicio de Emergencias 066 ha intervenido en Twitter para preguntar si lo replicado en esa red es “oficial” y de dónde proviene tal aviso, para enseguida desmentir o precisar. 

Lo atribuyo al cambio de mando en la Secretaría de Seguridad Pública estatal y las nuevas órdenes para reos y guardias. Es una nueva correlación de fuerzas que altera la dinámica anterior basada en el autogobierno, la venta irregular de alimentos y bebidas, el uso de aparatos prohibidos y otras tantas anomalías. Inquieta el uso de celulares, de los que salen precisamente los avisos que desubican a las autoridades y que, es evidente, utilizan para seguir delinquiendo desde las mazmorras.

Las imposiciones de la actual autoridad son positivas. Se está reforzando la seguridad con mejores protocolos, se intenta eliminar los privilegios, se vigila de cerca a los celadores aliados de los prisioneros y se aplican estrategias hasta ahora confidenciales, que buscan el orden y la seguridad.

Ahora se debe analizar con profundidad lo que ocurre en las cárceles de todo el Estado, porque son circunstancias distintas, aun cuando en la mayoría (o en todas, quizá) se cometen actos ilícitos inaceptables.

Más allá de las acciones inmediatas, hay medidas profundas que urgen, que son necesarias, que son impostergables.

Lo primero es considerar el espacio físico, para evitar la sobrepoblación. Las medidas de trasladar a grupos al Cereso, en Chetumal, son para distender el ambiente interno y no para evitar el hacinamiento.
 
En todo caso, construir más cárceles, es para llenarlas, lo cual genera un círculo vicioso. No es lo ideal. La clave está en la prevención de los delitos. En este sentido resulta esperanzador el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que acelera los procesos y permite enfrentarlos en libertad o considera otros métodos de restricciones. Además, contempla la revisión de los casos de presos sin condena o en apariencia inocentes, que se supone son miles.

Lo segundo a considerar es el personal: Tener a vigilantes capacitados y confiables es una obligación, no un lujo. El más reciente y grande escándalo en el Cereso ocurrió por la venta de productos prohibidos ingresados por los celadores, algunos que mantienen nexos con líderes de esa cárcel. Eso mismo ha propiciado que la autoridad deje vacíos, que son llenados por grupos, los cuales configuran el autogobierno.

Son estos trabajadores del Estado deshonestos los que ayudan a los internos a seguir cometiendo faltas y delitos, pese a que en teoría son quienes deben inhibir cualquier conducta nociva con sólo aplicar los reglamentos. Son ellos, además, los que deben ayudarlos en su readaptación social, aunque claramente procuran lo contrario.

En cárceles de otros países se ha reforzado el personal con agencias privadas para encarar con éxito la vigilancia y controlar oportunamente cualquier intentona. En países de este continente se ha profesionalizado el servicio con carreras universitarias, dando todas las herramientas útiles para desempeñar con éxito dicha función.

En definitiva, considero que la sobrepoblación y los problemas que acarrea se pueden prevenir. El nuevo sistema penal aportará muchísimo por lo antes descrito, aunque en paralelo no sería desatinado establecer programas para sancionar a infractores menores con penas que sirvan a la sociedad y no que ésta los siga manteniendo en el encierro, de donde salen peor. 

Con menos reos, en espacios dignos y controlados por personal suficiente o al menos capacitado, habría menos motines y delitos originados allí. Habría, pues, menos delincuentes.