No se sabe qué ocurrió en realidad el 30 de junio en Tlatlaya, donde 22 personas fueron abatidas por militares en funciones de policía. Lo conocido hasta hoy es preocupante en serio. Las palabras del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el pasado jueves, y el informe de la Sedena el mismo día respecto a la detención de militares son reconocimiento de irregularidades, todavía por conocer en justa dimensión. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le ha dado contexto al evento. El Presidente también ha tenido expresiones sobre la necesidad de emprender una investigación exhaustiva sobre los hechos.

Las expresiones oficiales son irrefutables. Por lo que está de por medio, el prestigio de las fuerzas armadas, ha sido un acierto que sea la misma Sedena la que mantenga iniciativa tanto en el esclarecimiento de los hechos como en el deslinde de responsabilidades. Finalmente, la tarea le corresponde a la PGR, la que ha dicho, siempre, que hay una investigación en curso. Es irrefutable la conducta oficial porque no se cayó en la trampa de negar, minimizar o desvirtuar los hechos. El mismo gobierno federal señala que es preciso conocer qué aconteció y no dejó enredarse con la recurrente tentación de estirar la verdad o eludir responsabilidad.

No hay lugar para la especulación, sí para la preocupación. En este mismo espacio se ha insistido desde el inicio de la estrategia anticrimen del entonces presidente Felipe Calderón sobre los riesgos del uso de las fuerzas armadas en tareas que corresponden a las policías y a los mandos civiles. Ante el deterioro de las policías de los tres órdenes de gobierno se entendía, explicaba y justificaba el tener que recurrir al Ejército y la Marina para luchar contra el crimen organizado. Pero el recurso debió entenderse excepcional y temporal. Han pasado más de siete años; las fuerzas armadas han cumplido con lealtad y, como ha señalado el secretario de Gobernación, Tlatlaya es un caso singular, excepción.

Lo que no ha sucedido en estos siete años es la renovación y fortalecimiento de las policías a la altura de la necesidad. Sí se ha avanzado, pero no es suficiente. El modelo policial no ha podido implantarse y las policías, especialmente las municipales, continúan siendo el eslabón más débil y vulnerable de la cadena de mando. Ha habido éxitos importantes como consigna la baja en criminalidad en territorios antes bajo violencia extrema. Seguramente Ciudad Juárez es el más rescatable de muchos otros ejemplos. La zona metropolitana de Monterrey o Tepic también son evidencia de que sí se puede ganar la batalla a los criminales. Las buenas cuentas resultan cuando hay coordinación entre autoridades y una participación social suficiente.

Autoridad y sociedad han aprendido, pero recurrir al Ejército y la Marina persiste como necesidad. La Gendarmería es un proyecto en sus inicios y llevará tiempo para que adquiera capacidad de respuesta, además, nunca una fuerza nacional podrá sustituir a las policías en el territorio. En Michoacán existe un proceso interesante al respecto. Queda claro que la normalidad ganará la batalla final precisamente cuando sean las instancias de autoridad local y el régimen de seguridad, igual local, las responsables en asegurar la anhelada tranquilidad.

El presidente Calderón presentó al Congreso una iniciativa de un nuevo modelo policial. La propuesta quedó entrampada entre el oportunismo electoral de la oposición y la incapacidad del gobierno para negociar en un tema de la mayor prioridad. Unificar el mando policial ha sido un proceso discrecional y selectivo. Hoy día se hace necesario revisar el marco constitucional para hacer realidad una de las reformas más urgentes. También es necesario revisar la asignación de recursos. Es mucho lo que se requiere para contar con policías locales y municipales modernas, equipadas y, especialmente, con un sentido de ética y lealtad institucional.

Las fuerzas armadas no están para enmendar la tarea que los civiles no pueden realizar por incompetencia o negligencia. Tlatlaya es una enérgica llamada de atención sobre el tema. Ya es hora de que la política, los gobiernos y el Congreso respondan sobre la necesidad de fortalecer a las instituciones para hacer frente al crimen y violencia bajo las premisas propias de la democracia.

No existen coartadas para luchar contra la inseguridad. Es una tarea que debe darse en muchos frentes, por mucho tiempo y en todo lugar. La salvaguarda de los derechos humanos y el debido proceso son imprescindibles, por más pernicioso que sea el criminal o grave la situación. Por esta consideración es insostenible la complacencia frente a los errores propios. Serán las instancias de justicia las que determinen con claridad los hechos de Tlatlaya y, en su caso, los responsables. Una dolorosa lección que deberá servir para entender el camino más razonable y confiable en la lucha de todos por la seguridad.