17 de Diciembre de 2018

Opinión

Mercedes Juan actuará pronto en las compras gubernamentales

La preocupación de los laboratorios reside en que el Consejo General de Salubridad tiene muy pocos profesionales que analizan la farmacoeconomía de los tratamientos.

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La industria farmacéutica global que dedica muchos recursos a la investigación —empresas como Novartis; GlaxoSmithKline; Lilly; MSD; Pfizer— ha mostrado preocupación por los candados que prevalecen en el gobierno para la compra de medicamentos de última generación en el sector público: IMSS, ISSSTE, hospitales de Pemex, Seguro Popular…

Es justo decir que las empresas globales efectivamente innovan y lanzan al mercado fármacos cada vez más efectivos. Estos constituyen tratamientos más caros si uno los evalúa aisladamente, pero resultan en un costo general más económico, pues remiten la enfermedad o la controlan con mayor efectividad (lo que en el argot del sistema de salud se conoce como “farmacoeconomía”).

La preocupación de los laboratorios reside en que el Consejo General de Salubridad —el órgano que aprueba los medicamentos para ser adquiridos por los hospitales públicos— tiene muy pocos profesionales que analizan la farmacoeconomía de los tratamientos. En adición, cada institución tiene su propia reglamentación de compras.

El resultado es caótico: burocracias excesivas que evalúan largamente la adquisición. Estamos tratando a pacientes con medicinas viejas; atrapados en los ochenta.

Este problema se ha traducido en una constante bandera utilizada por los laboratorios para reclamar al gobierno su lentitud. Con razón. Por ello, y ante la insistencia de la industria para atender la gravedad del problema, la secretaria de Salud, Mercedes Juan, se apresta a rediseñar los procesos con los cuales funcionan estas adquisiciones.

Una opción sería desactivar las funciones del comité que decide las compras desde el Consejo, a fin de que ese órgano solo valide lo que la Cofepris previamente aprueba en los registros sanitarios. Así, la “doble ventanilla” se convierte en solo una, y cada institución decidiría según su demanda.

Pero la opción inversa también se contempla —quizá con mayor peso ponderado—: desactivar la función de compra en cada institución y concentrarla en el Consejo, fortaleciendo al equipo de economistas que corren los modelos farmacoeconómicos.

Una cosa es un hecho: se actuará en cuestión de semanas. Ya nadie aguanta más. 

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